Por redacción de Sin Comillas

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se mostró preocupado por las enmiendas introducidas a la Ley 52-2022, particularmente en lo referente a las enmiendas al Artículo 11 de la Ley Notarial.

La Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico enmienda cerca de 14  leyes e impone una carga onerosa en el proceso de disponer del título de los bienes inmuebles, señala la organización.

“Estamos ante una situación, que se ha criticado por décadas, en cuanto a la aprobación de medidas sin la debida discusión y análisis para enmendar proyectos de ley en comités de conferencia, sin que las organizaciones de la sociedad civil interesados nos demos por enterados; y ya esta medida es ley”, comentó Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio.

Calcaño López explica que las enmiendas a la Ley Notarial tienen su génesis en la actualización de las tasaciones de los inmuebles que le están requiriendo al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). “Nos fuerza a concluir que con estos requisitos se le está haciendo el trabajo de  tasación que le corresponde al CRIM. Eso surge en las entrelíneas del proyecto 827 que se quedó en el Senado, pero la Cámara y el Senado en conferencia  lo incorporaron en el proyecto 1367, hoy Ley 52 de 2022. Del PC 827, surge la intención clara”.

La exposición de motivos del proyecto dice:  “Este cambio, unido al uso de la tecnología, incorporando las tasaciones, planos de plot plan o mensura y estudios de título en la planilla informativa que va al Departamento de Hacienda y al CRIM permitirá darles certeza y agilidad a estas transacciones“.

El Artículo 86 de la medida, dispone que, en toda transacción de compraventa, donación, cesión, permuta, traslado, segregación, agrupación se requiera una tasación de la Propiedad inmueble realizada por un tasador licenciado, estudio de título y un plano de mensura (plot plan). “El estudio de  título ha sido requisito por ley; inclusive se incluye como parte del contenido de las escrituras sobre el traslado o disposición de bienes inmuebles”.

La Ley 52 de 2022 entró en vigor inmediatamente, “lo que trastocó los negocios jurídicos pendientes que de ordinario no intervine una institución bancaria o hipotecaria. Esta medida no debió incluir esa enmienda a la Ley Notarial. El efecto es que impone un costo oneroso a la ciudadanía que desea vender su propiedad y se ve obligada a contratar un agrimensor y un tasador. Más aun, trastoca inclusive a municipios y al Departamento de Vivienda cuando otorga las escrituras de viviendas y solares de interés social.

Ayer quedaron detenidos los negocios jurídicos de bienes inmuebles donde no se tiene ni tasación ni plano de mensura. La disponibilidad de contratar tasadores y agrimensores, en estos tiempos es difícil. La tardanza y el costo en completar estos requisitos desalienta a la ciudadanía y trastoca el tráfico jurídico de los negocios sobre bienes inmuebles e impone cargas adicionales al ejercicio de la notaría. Urge además expresiones de la Oficina de Inspección de Notarías sobre las nuevas instrucciones a los notarios y notarias”, explicó Calcaño López.

Según evaluación realizada sobre el trámite, la enmienda a la Ley Notarial no estuvo incluida en las primeras etapas de consideración de la medida:

  • Vista pública el 13 de junio de 2022, el proyecto no incluía la enmienda a la Ley Notarial.
  • Primer Informe positivo 21 de junio de 2022, el informe no incluía la enmienda a la Ley Notarial.
  • El texto del PC 1367 aprobado por la Cámara y remitido al Senado no incluyó enmienda alguna de la Ley Notarial.
  • El Informe positivo del Senado el 24 de junio no tiene enmienda alguna de la Ley Notarial.
  • El 25 de junio fue aprobado por el senado y la Cámara no estuvo de acuerdo con las enmiendas y pasó a conferencia entre ambos cuerpos. Es en esta etapa es donde se incorpora la enmienda de la Ley Notarial, sin aviso al público y a  las organizaciones, profesiones afectadas, sin consulta a abogados y notarios.
  • El 29 de junio ambos cuerpos aprobaron el informe de conferencia. El 30 de junio el proyecto fue  firmado por los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador lo firmó, como la Ley 52 de 2022.

“Sin lugar a duda, una enmienda de esta  naturaleza incluida en la etapa de conferencia entre los dos cuerpos legislativos, sin informarlo a la ciudadanía, a los y las afectados, es una práctica lesiva que va en detrimento al  sano ejercicio de la democracia. Ello, sin menoscabar la soberanía de los  cuerpos legislativos”, expresó  Calcaño López.

“Nuestra solicitud al señor gobernador, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia es que cite a una sesión extraordinaria para enmendar la Ley 52 de 2022, eliminando el  Artículo 86 de la misma que enmienda a su vez el Artículo 11 de la Ley Notarial. El llamado a la Asamblea Legislativa es que atiendan este asunto con la urgencia requerida. Esperar a la sesión ordinaria de mediados del mes de agosto tiene un costo económico para todas las partes, especialmente para los constituyentes”,  añadió Calcaño López.