Por redacción de Sin Comillas

Mientras en otras jurisdicciones las pequeñas y medianas empresas (pymes) recibieron suficiente dinero para cubrir la mayor parte de la nómina elegible, en Puerto Rico las pymes recibieron préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) de la Administración de Pequeños Negocios (SBA ,por sus siglas en inglés) por un monto agregado para cubrir solo un tercio de los gastos de nómina elegibles. Un análisis realizado por el Centro para una Nueva Economía (CNE) concluye que el proceso fue deficiente y responsabiliza a los bancos.

En Puerto Rico se aprobaron 2,856 préstamos por un total de $658.6 millones. Un promedio de $230,593 por préstamo, un 12% más que el promedio en Estados Unidos.

Puerto Rico, con el 1% de la población de Estados Unidos, sólo recibió el 0.17% de los préstamos y el 0.19% del dinero del programa. Otras pymes en 21 estados con menos población que Puerto Rico recibieron una cantidad total de préstamos mayor que Puerto Rico.

“En el caso de Puerto Rico, es bastante obvio que no aprovechamos un importante programa de ayuda federal en la mayor medida posible. La pregunta es por qué. Para contestar esa pregunta necesitamos más información: ¿Cuántas compañías solicitaron préstamos? ¿Cuántas solicitudes fueron denegadas; ¿Cuál es la distribución de las empresas que fueron rechazadas por el número de empleados y los ingresos? ¿Cuál es la distribución de los 2,856 préstamos que fueron aprobados, por conteo, monto del préstamo y sector económico? y ¿Cuántos de los beneficiarios tenían relaciones de préstamo preexistentes con el prestamista del préstamo PPP?”, señala el CNE en “Living with Risk Daily Briefing”.

Hasta que se encuentren las respuestas a esas preguntas, el análisis del CNE concluye que “el sector financiero local fracasó miserablemente cuando más Puerto Rico lo necesitaba”. Consideran “muy irónico” que sea los bancos los que han realizado un mal trabajo cuando lo habitual es culpar al gobierno. “Esta vez fue una parte clave del sector privado la que le falló a miles de pequeños negocios”.

El 27 de marzo de 2020, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES) autorizó un financiamiento inicial de $349,000 millones a la SBA para el establecimiento del PPP, para ayudar a las pymes que tuvieron que cerrar sus negocios por la emergencia ocasionada por el COVID-19. Los fondos, insuficientes, se agotaron en menos de dos semanas.

A juicio del CNE, el PPP estaba “seriamente mal financiado y la demanda superaba con crecer la oferta. Por otro lado, destacan que el program no tenía barreras para evitar que los bancos favorecieran a los negocios relativamente más grandes dentro del grupo de pequeños negocios.

Entre las recomendaciones que hace el CNE están:

  • El Congreso de Estados Unidos debería aumentar los fondos para el PPP por $500,000 millones adicionales, como sugirió Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta;
  •  el PPP debería modificarse para atender mejor a las comunidades más necesitadas, tal vez reservando un flujo de fondos para las empresas propiedad de minorías;
  • la plataforma de procesamiento necesita más controles para desalentar maquinaciones elucubradas por los prestamistas para favorecer a sus clientes preferidos;
  • el Congreso debería exigirle más transparencia a los prestamistas a medida que reciban y procesen las solicitudes; y
  • El Congreso debería exigirle documentos a la SBA y los prestamistas y llevar a cabo vistas de supervisión.