Por redacción de Sin Comillas
El Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (la ley “PROMESA”, por sus siglas en inglés) no ha logrado la mayoría de sus objetivos, según un informe del Centro para una Nueva Economía (CNE), que proponer la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal para Puerto Rico como medida alterna a la Junta de Supervisión Fiscal para promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto y el endeudamiento público.
Con la aprobación de PROMESA, Puerto Rico se ha beneficiado de la suspensión de los litigios reclamando el repago y la moratoria en el pago de la deuda, mientras que también ha generado cierto control, transparencia y visibilidad sobre los gastos gubernamentales.
Sin embargo, cinco años después, aproximadamente dos tercios de la deuda en bonos no se ha reestructurado; no se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico; los estados financieros auditados todavía tienen tres años de atraso; el cambio a presupuestos sobre una base de contabilidad de acumulación (o devengo) modificada es un trabajo en proceso; y el presupuesto del gobierno todavía no está balanceado, al no poder incluir aún el servicio de la deuda.
Según el CNE, la insistencia de la Junta en implementar recortes de gastos, en lugar de eliminar exenciones fiscales y aumentos en recaudos, ha generado ansiedad e incertidumbre entre la población y puede haber dañado permanentemente instituciones importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico.
“Por lo tanto, como dijimos en 2016, los costos económicos, políticos y sociales asociados con el experimento colonial PROMESA han sido extremadamente altos y explícitos, mientras que los beneficios que pudimos haber derivado han sido pequeños y la mayoría siguen siendo bastante inciertos y contingentes”, concluye el análisis.
El grupo de CNE concurre además con el juez del Primer Circuito de Apelaciones de EEUU Juan Torruella, quien planteó que PROMESA ha sido “el cuarto intento del Congreso de cortar el nudo gordiano puertorriqueño en su interminable intento de gobernar colonialmente a Puerto Rico y su pueblo” y que, en la opinión de CNE, ha fracasado.
CNE coincide con las palabras del juez de que quizás es hora de que Estados Unidos “acepte que la relación con sus ciudadanos que residen en Puerto Rico es una flagrante violación de sus derechos civiles. Los déficits democráticos inherentes a esta relación ponen en duda su legitimidad y requieren que sea atacada de frente y corregida ‘rápida y deliberadamente’”.
Por otro lado, el grupo recomienda que Puerto Rico dé un paso adelante para comenzar reformas que ya están retrasadas para restaurar la credibilidad, mejorar la gobernabilidad, implementar efectivamente medidas de rendición de cuentas y transparencia, y promover una mayor participación cívica.
El CNE propone volver a traer al foro público la propuesta que la organización presentó en febrero de 2016, en Washington D.C., y que continúa vigente como medida para promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto y el endeudamiento público. Las leyes de Responsabilidad Fiscal pueden ser impulsadas e implementadas localmente para reformar la gobernanza de instituciones clave que aseguren la solvencia del gobierno a largo plazo.
El informe es una mirada retrospectiva producto del trabajo colaborativo entre Rosanna Torres, Directora de la Oficina de CNE en Washington, D.C., Sergio Marxuach, director de Política Pública y editor del “CNE Review”, y Deepak Lamba-Nieves, director de Investigación.
