Por Ángeles Alvarado / BizNet Media
Confirmado… El Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico (CISPR) está tratando de sobrevivir tras el “golpetazo” que recibió la estratégica entidad a raíz de la sorpresiva aplicación de la Ley 7 (2009), y todo parece indicar que ha empezado un preocupante proceso de éxodo entre sus integrantes corporativos.
Algunos portavoces del gobierno aseguran que ya hay nuevos candidatos para tapar los hoyos que van dejando los que nos dicen adiós, pero tanto las identidades como los plazos para que esto se cumpla permanecen en un tenso limbo. “Esperamos que los esfuerzos promocionales de Fomento Industrial sean exitosos. Lamentablemente, el mercado internacional no olvida; una vez perdidas, es bastante difícil recuperar la confianza y la credibilidad”, apuntaron fuentes de BizNet Media.
Eran 9, quedan 7
Este adverso giro en las operaciones del CISPR ya ha representado la “huída” de dos de sus nueve empresas certificadas, con el consecuente peligro de no alcanzarse la meta proyectada: unos $2.5 billones de activos en depósitos bancarios, cantidad extremadamente necesaria para inyectar liquidez a nuestro maltrecho sistema financiero.
En efecto. Los expertos recalcan que, al ponerse en ascuas la plataforma contributiva del CISPR, la Isla inyecta un alto nivel de incertidumbre y pérdida de credibilidad ante los mercados internacionales, una delicada tendencia bastante difícil de revertir.
“El cambio en reglas de juego provocó que las empresas Island Heritage (IH) y Flagstone Underwriters (FU) salieran del CISPR, por falsa representación y cambios en el modelo de tributación que habían contratado con el Gobierno de Puerto Rico y su ente administrativo, la OCS (Oficina del Comisionado de Seguros)”, revelaron a BizNet Media fuentes de entero crédito.
IH, procedente de Islas Caimán, es un reasegurador de organización inglesa y canadiense. Se dedicaba principalmente al reaseguro de riesgos fuera de Puerto Rico, y había desarrollado planes para establecer sus operaciones caribeñas permanentemente en la Isla.
Por su parte, la reaseguradora Flagstone, subsidiaria del Grupo Flagstone (de Suiza y Bermuda) había establecido oficinas en San Juan y servía al mercado de reaseguro de propiedad de América Latina. Con talento local, la firma había generado 15 empleos técnicos de alta calidad (ingenieros, arquitectos, contadores, financieros, abogados, actuarios) y realizaba la importante tarea de modelaje catastrófico, así como suscripción de riesgos vinculados con grandes desastres.
Como se sabe, la Ley 7 impuso a las empresas aseguradoras y reaseguradoras del CISPR una sorpresiva contribución del 5%, más un cambio en la oferta de incentivos contributivos, arriesgando al menos $100 millones inicialmente depositados por estas compañías en bancos de la Isla.
Conforme con la plataforma legal inicial, las empresas del CISPR se certifican por el Comisionado de Seguros y aseguran -desde Puerto Rico y acorde con un esquema de incentivos contributivos- riesgos y capital de sus operaciones ultramarinas. Su entrada al país les requiere depósitos bancarios adecuados a escalas establecidas por la norma legal.
“Entuerto enderezado”
“¡Ah, pero ya se está enderezando el entuerto!”, precisa con tono optimista Rubén Gely Rodríguez, director del CISPR. El funcionario efectuó recientemente una presentación sobre el CISPR ante socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en el marco de una conferencia dedicada a la importancia vital de los Seguros en los Negocios.
Gely sostiene que un paquete de leyes (aprobadas en junio pasado) trata de remediar la incertidumbre creada por la Ley 7. “La Ley 98 de 2011 -narró el funcionario- ofrece estabilidad en la oferta contributiva del CISPR. Es un estatuto abarcador y afina elementos técnicos para ofrecerle más fortaleza al Centro, para atraer mayores inversiones del mercado internacional”. La promoción del Centro, según especificó el conferenciante, se halla ahora a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), modificando su antigua política de promoción industrial.
“El elemento crítico de la Ley 98 es la aplicación del Sistema de Decretos de la tradición manufacturera de la Isla; se garantiza así que las empresas aseguradoras y reaseguradoras que invierten en el CISPR reciban un (favorable) tratamiento contributivo, al menos por 15 años”, explicó Gely.
Un punto significativo en la nueva Ley es que se impone a las compañías una tasa contributiva de 4% sobre ingresos superiores a $1.2 millones; pero Gely asegura que el CISPR todavía puede ser competitivo “porque la ley dispone una serie de instrumentos y productos de altas finanzas muy atractivos para los mercados internacionales”.
Supuestamente -según expresiones del titular del CISPR- ya estarían alineadas tres nuevas empresas para certificarse ante el Centro; de todos modos, en ningún momento trascendió quiénes son ni cuándo completarían tales gestiones.
¿Tanto nadar para morir en la orilla?
Dos décadas de arduos preparativos y apenas 7 años de dura supervivencia. La idea de estructurar una organización de seguros para integrar a la Isla en los mercados financieros globales (y atraer el negocio especializado de seguros y reaseguros de capital variado y basado en riesgo) se discutió por más de 20 años. Notorios especialistas como Lemuel Toledo, Luis Miranda Casañas y el Dr. Leonard Shapiro, trataron inútilmente de lograr un marco legal e incentivos contributivos favorables a un CISPR atractivo para negocios internacionales.
Fue recién en 2004, por iniciativa de la entonces titular de la OCS, Dorelisse Juarbe, que se creó este ansiado organismo, mediante las leyes 399 y 400. Ambos estatutos constituyen el Capítulo 61 del Código de Seguros de Puerto Rico; el Centro comenzó operaciones formales en 2005.
La plataforma legal del CISPR fue estructurada por los abogados Robert Romano, del Bufete Lord, Bissel & Brook, de Nueva York; y el Lic. Ralph Rexach, del Bufete Rexach y Picó, de San Juan. Especialistas locales e internacionales indican que Puerto Rico tiene -en tal sentido- grandes ventajas competitivas: una clase profesional especializada, un mercado experto, y la especial relación política con Estados Unidos. Además, la Isla es el tercer mercado de América Latina en volumen de primas (tras Brasil y Argentina) con $10 billones registrados en 2010.
