Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Ricardo A. Rosselló Nevares firmó la orden ejecutiva para formalizar la centralización de la adquisición de bienes y servicios no profesionales de la Rama Ejecutiva que él había propuesto.

Ottmar J. Chávez Piñero, jefe de la Administración de Servicios Generales (ASG) estimó que la centralización de las comprar generará ahorros de $77 millones al cierre del año fiscal 2020. La centralización de las compras de productos y servicios permitirá la eliminación de aproximadamente 25,000 contratos duplicados que reducirán los costos administrativos. El Gobierno gasta más de $6,000 millones en bienes y servicios cada año.

Bajo el esquema actual, en el cual las agencias, dependencias e instituciones compran individualmente de manera descentralizada, los contribuyentes pierden la oportunidad de que el Gobierno utilice su poder como el mayor comprador de Puerto Rico.

“Esta fragmentación ha llevado a las agencias a pagar precios significativamente diferentes, a veces variando en más del 200% para los mismos artículos”, expresó Chávez Piñero.

Las primeras seis categorías que se estarían licitando de manera centralizada son: materiales de oficina, empleo temporero, equipos de informática, alimentos, combustible y flota. Se espera que estos nuevos contratos generen un ahorro recurrente anualizado estimado de $15 millones.

La orden ejecutiva exime a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Ética Gubernamental, la Universidad de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico. Sin embargo, estas entidades podrán decidir voluntariamente realizar sus compras a través de la centralización de la ASG.

El estatuto cancela las dispensas para las compras fuera de la ASG; anula todas las subastas, requisiciones, obligaciones de fondos, órdenes de compras, contratos y pagos en contra de las normas y procesos establecidos por la ASG y deja sin efecto todos los reglamentos, normas, cartas circulares y procedimientos de entidades gubernamentales que resulten incompatibles con la orden ejecutiva.