Por redacción de Sin Comillas
El Secretario de Justicia, César R. Miranda Rodríguez y la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, informaron que han radicado 36 cargos por evasión contributiva y de apropiación ilegal por dejar de remitir el IVU contra Oscar Juelle Abello y Javier Juelle Abello, presidentes de Bora Bora y On The Grill Food Corp (Flamers). Por otro lado, también anunciaron la creación de un equipo de trabajo compuesto por personal de ambas agencias para identificar y procesar criminal y civilmente a los evasores contributivos, aquellos que no pagan el IVU y a patronos que retienen la contribución por ingresos que deben remitir a Hacienda.
La investigación, que comprende desde el año 2009 hasta el 2012 reveló que ambas corporaciones incumplieron en su obligación de remitir el pago del IVU que recaudaban de los contribuyentes que visitaban y compraban en sus establecimientos. Dicho esquema representó una apropiación ilegal de fondos públicos de alrededor de $1,270,000, lo cual constituye casi dos terceras partes del IVU que recaudaban.
“En momentos en que el país atraviesa por una difícil situación fiscal, no es justo con los que pagan el tolerar que tantos empresarios y comerciantes se apropien ilegalmente del dinero que le cobran a los consumidores por concepto del IVU. Tampoco es justo, y no podemos tolerarlo, el que no cumplan con los procedimientos establecidos por ley para remitir a Hacienda lo cobrado en sus negocios comerciales por concepto de impuestos o el dinero retenido a sus empleados, escúchenlo bien, a sus propios empleados, por concepto de pago de contribuciones sobre ingresos. Se están quedando con dinero del pueblo y de sus empleados. No es correcto, no podemos tolerarlo. Tanto el Departamento de Hacienda como el Departamento de Justicia tenemos que trabajar sin descanso, sin tregua, hasta erradicar esta práctica indeseable. Vamos a encausar criminalmente, de manera rápida y eficaz, a todos los que violenten estas normas contributivas”, sostuvo el Secretario de Justicia.
Miranda Rodríguez y Acosta Febo dijeron que han organizado un equipo de trabajo especial compuesto por tres (3) fiscales de la División de Delitos Económicos y un abogado de la División de Confiscaciones del Departamento de Justicia (DJ), cinco (5) Agentes Especiales Fiscales de la Secretaría Auxiliar de Delitos Contributivos del Departamento de Hacienda y dos (2) agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del DJ, con apoyo de la Policía de Puerto Rico. Dicho grupo estará encargado de investigar casos en los que las empresas incumplan con remitir a Hacienda lo recolectado por concepto del IVU, retenciones de impuestos y otros tipos de contribuciones, con miras a radicar cargos criminales contra los que incurran en esa práctica.
Por su parte, la Secretaria de Hacienda afirmó que desde enero del 2013 hasta esta fecha, la agencia que dirige ha referido 12 casos al Departamento de Justicia relacionados a la evasión al pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y delitos contributivos. Esos 12 referidos representan para el erario público poco más de $8 millones. Al momento Hacienda mantiene sobre 100 investigaciones abiertas para potenciales referidos a Justicia y cerca de 40 casos en etapa avanzada para posible radicación de cargos.
Miranda destacó que “los recaudos del IVU se traducen en obra en cada rincón de Puerto Rico. Significan el salario de un maestro, la carretera en un pueblo, el uniforme de un policía. Por eso es fundamental que sea importante para cada ciudadano el que se cumpla con este deber. Algunos alcaldes ya están ayudando con información, y saben quienes pagan y quienes no lo hacen. Cada IVU que se evade, es un recurso menos para ellos. Vamos a investigar y procesar, pero es obligación de todos el trabajar juntos para erradicar esta práctica indeseable”.
Agregó el titular del DJ que “la evasión contributiva es un crimen contra Puerto Rico entero. Todos estamos obligados a denunciarlo y combatirlo, porque un centavo que no llega a Hacienda es un centavo que tenemos que pagar los que sí cumplimos con nuestro deber hacia el país. El dueño del estacionamiento que no remite el IVU, el del restaurante de lujo o de comida rápida que retiene el IVU o la aportación patronal, el ciudadano que acepta que no le cobren el IVU porque piensa que le sale más barato. Todos ellos hacen que los que pagamos, paguemos más. Todos ellos le fallan a Puerto Rico”.
Contra los referidos empresarios se sometieron 16 denuncias por violaciones a los artículos 6050 (a) del Código de Rentas Internas de 1994 y 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011 (no recaudar, dar cuenta de, y remitir en pago las contribuciones retenidas). Este delito conlleva una pena fija de 8 años en prisión. Los otros 20 cargos son por apropiación ilegal de fondos públicos (Artículo 193 del Código Penal del 2004 y Articulo 182 del Código Penal de 2012). Este delito conlleva una pena fija de 15 años. Por tratarse de apropiación ilegal de fondos públicos los imputados, no tendrían el beneficio de una sentencia suspendida de ser hallados culpables de este delito.
“Que el mensaje llegue claro y alto”, dijo el Secretario de Justicia César Miranda,” vamos a buscar al evasor, lo vamos a encontrar y los vamos a procesar criminal y civilmente”.
Acosta Febo aprovechó la ocasión para anunciar la reorganización del Negociado de Impuesto al Consumo, adscrito al Área de Rentas Internas para consolidarlo con el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias. “Esta es una más de las iniciativas que estamos llevando a cabo en Hacienda y que hará más ágil y efectivo el proceso de fiscalización. Ya recibimos la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para proceder a tales efectos y esperamos estar listos para marzo”, destacó la Secretaria.
Antes un empleado del Negociado del IVU visitaba un comercio y atendía sólo aspectos inherentes al IVU y no podía intervenir en otro asunto. Ahora, con la unificación, se estandarizan los procesos en cuanto a penalidades, se maximizan los esfuerzos al darles potestad a los agentes para que trabajen ambos temas al momento si es necesario, lo que redundará en una mayor supervisión del cumplimiento de las regulaciones vigentes tanto para el IVU como las Licencias de Bebidas Alcohólicas, entre otras licencias. .
La titular de Hacienda destacó otras iniciativas para fortalecer la fiscalización contra la evasión contributiva y para maximizar la capacidad de recaudos, entre las que se encuentran: impulsar legislación para agilizar las gestiones de fiscalización; el reclutamiento de casi 200 inspectores, agentes y personal especializado y reforzar con herramientas tecnológicas, las áreas de inteligencia tributaria para identificar posibles patrones de evasión
Igualmente, Hacienda cuenta con la Ley de Mecanismos Efectivos de Fiscalización Contributiva (Ley 163-2013), que entre otras cosas, modifica los requisitos de radicación de estados financieros, donde se tiene que certificar, junto a los estados que acompañan la planilla, que el contribuyente envió a Hacienda el pago del IVU, la contribución patronal y otras retenciones y le da la potestad de publicar el listado de contribuyentes morosos, siguiendo el debido proceso de ley. Actualmente la redacción del reglamento y otras guías para la implantación de esta Ley están en sus etapas finales.
La Secretaria mencionó además que, “A partir del primero de julio se comenzará a cobrar el IVU en los muelles a todo artículo tributable. Esta gestión complementa la dinámica de cobro del impuesto al uso que comenzó en diciembre del año pasado. Asimismo destacó la creación de una nueva división de auditores dedicados exclusivamente a investigar transacciones de IVU. Unos 41 auditores componen esta división que se creó en septiembre de 2013 y que en este momento tiene sobre 100 casos bajo investigación”.
