Por redacción de Sin Comillas
El Secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, junto al Secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, anunció la radicación de cargos contra Pedro A. Bigay Silva, presidente de Taco Maker Los Colobos; Juan Oliveras Ortiz y su empresa Instrumentation Corps Inc., y el doctor Roberto F. García Morales, por no remitir los pagos correspondientes al Departamento de Hacienda. En total, dejaron de pagar al fisco $2.1 millones, que se elevan a $4.7 millones cuando se suman intereses y penalidades por fraude.
“La radicación de cargos del día de hoy representa un claro ejemplo de distintos tipos de evasión que existen en Puerto Rico: la evasión por la retención del dinero de los empleados que se utiliza para el pago de los reintegros, la evasión por la no remisión de lo recaudado a través del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y el ocultamiento de ingresos en las planillas. Son prácticas de evasión que tenemos que combatir. No podemos permitir que actos como estos sigan poniendo en peligro la salud fiscal del país”, enunció el Secretario.
Pedro A. Bigay Silva, presidente de Taco Maker Los Colobos, no remitió el pago de las recaudaciones de las contribuciones del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) correspondientes a los años 2009 al 2012, lo que equivale a una apropiación ilegal de $58,185, que en ley pertenecen al erario público. Contra él se radicaron cargos por violar lo dispuesto en la Sección 6050 (a) del Código de Rentas Internas de 1994 y la Sección 6030.12 (a) del Código de Rentas Internas del 2011. Asimismo, se presentaron cargos por violación al Artículo 193 del Código Penal de 2004 por apropiación ilegal agravada.
Durante el año 2009, el negocio recaudó unos $10,671 por concepto del IVU, pero sólo enviaron $6 a Hacienda, dejando de remitir $10,665. En el año 2010, recaudaron $20,127 y remitieron $12, para una diferencia de $21,115. Para el año 2011, recaudaron impuestos por $21,394, pero sólo enviaron $12 a Hacienda, obviando $21,382. Finalmente, en el año 2012 la empresa logro $5,993 en recaudos por concepto del IVU y remitió $4.00 al Departamento de Hacienda, dejando de remitir $5,989.
La investigación, la cual inició en el Departamento de Hacienda tras la creación de un proyecto piloto de la Secretaría Auxiliar de Inteligencia y Fraude Contributivo en marzo de 2013, fue referida a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en noviembre del pasado año.
En el caso del doctor Roberto F. García Morales, éste dejó de declarar en sus planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2009 al 2012, unos $6.5 millones. Actualmente, el médico acumula una deuda de $1,923,252 por concepto de las contribuciones que ilegalmente le ha dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico. Esa cifra, junto a los intereses y penalidades por fraude podría ascender a $4.7 millones aproximadamente.
Precisamente fue la Secretaría Auxiliar de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda la que refirió este asunto para investigación en la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.
Contra el doctor García Morales se presentaron cargos por violaciones a la Sección 6054 (c) (1) del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendados por y la Sección 6030.16 (c) (1) del Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado, por ofrecer información falsa e incorrecta al momento de realizar y suscribir sus planillas.
Por otro lado, Juan Oliveras Ortiz, presidente de la empresa Instrumentation Corps Inc., fue acusado de no remitir más de $100,000 al Departamento de Hacienda por concepto de los impuestos retenidos de los salarios de sus empleados. De la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ se desprende que la empresa no envió las contribuciones que se utilizan para el pago de los reintegros que se envían a los contribuyentes durante los años 2011 al 2013.
Esta investigación se inició en el Departamento de Hacienda, como parte de un proyecto especial para mejorar la fiscalización de ciertas contribuciones. Gracias a esa iniciativa se pudo descubrir que la entidad no pagó el total de $101,972.43.
Para el año 2011, el presidente de la empresa retuvo $46,301.94 en impuestos a sus empleados, pero sólo remitió $8,607.03, eso equivale a una diferencia de $37,694.91 en contribuciones no pagadas. Asimismo, para el año 2012 retuvo $35,934.70 y envió a Hacienda $8,352.81, eso significa $27,581.89 de diferencia. Finalmente, en el 2013 retuvo $42,295.63 y pagó sólo $5,600. Retuvo para su uso personal $36,695.63 que correspondían al pueblo de Puerto Rico.
“La omisión en el envío del pago de impuestos al Departamento de Hacienda lacera las finanzas gubernamentales y afecta a la ciudadanía, ya que cada vez que esto ocurre es Hacienda quien se tiene que encargar de reponer el dinero no recibido de los contribuyentes”, añadió Miranda.
Por lo tanto, contra Oliveras Ortiz y su empresa se presentaron seis cargos por violación a la sección 6030.12 (a) del Código de Rentas Internas de 2011. Además, se sometieron cuatro cargos por violación al Artículo 193 del Código Penal de 2004 y cuatro cargos por el Artículo 182 del Código Penal de 2012, los que corresponden a apropiación ilegal agravada. Por este último artículo el imputado se expone a una pena de reclusión fija de ocho años.
El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza recalcó su intención de continuar cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad de recaudar y custodiar los fondos públicos. “No vamos a permitir la evasión contributiva en ninguna de sus modalidades. Es inadmisible que miles de contribuyentes cumplan todos los años con sus responsabilidades, mientras otras personas inescrupulosas no paguen, o paguen solo una parte del dinero que le deben al erario”, dijo.
“El Departamento de Hacienda, como parte de una reingeniería de los procedimientos de fiscalización, ha diseñado nuevas estrategias y procedimientos atemperados a los tiempos. Esto ha resultado en hallazgos, investigaciones y referidos a Justicia por conducta delictiva por evasión contributiva. Como parte de este esfuerzo de colaboración, ahora mismo Justicia tiene otros 17 casos de evasión de IVU y retenciones patronales para determinar si proceden cargos criminales”, señaló el Secretario.
Añadió que el Área de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento está investigando 660 casos que incluyen delitos de no radicación, someter planillas falsas y fraudulentas, evadir la contribución y no remitir el IVU o contribuciones patronales retenidas. “De ese grupo, esperamos referir algunos casos más durante el mes abril”, informó.
