Por Juan Lara*
En el nuevo plan de cinco años que acaba de dar a conocer la Junta de Supervisión Fiscal se describe un entorno económico que parece requerir un cambio de rumbo en el programa de balance presupuestario, ajuste de deudas y reformas económicas que constituye la médula de la Ley PROMESA. Pasa a un segundo plano la austeridad, por lo menos en el corto plazo, y en su lugar adquiere un nuevo relieve el programa de reformas estructurales.
Como era de esperarse, la Junta tuvo que producir un nuevo plan fiscal ante el dramático cambio de escenario provocado por el cierre de la economía para aplanar la curva de contagio del Covid-19. El gobierno ya se había adelantado con su propia versión de un plan fiscal revisado, pero el que deberá prevalecer es el que la Junta certifique, que será el suyo propio.
Una diferencia importante entre el plan de la Junta y la versión del gobierno está en las proyecciones económicas para el año fiscal 2021. El gobierno proyecta una caída de 7.8 por ciento en el Producto Bruto real, pero la Junta prevé que la economía crecerá levemente, con un alza de medio punto porcentual. Esto sugiere que el gobierno piensa en una apertura y recuperación mucho más gradual que la que contempla la Junta, razón por la cual el gobierno solicita que se suspendan por dos años los recortes presupuestarios previamente acordados, mientras que la Junta concede una suspensión por un año solamente.
Pero quizás son más importantes las coincidencias entre las dos visiones. Por ejemplo, en lo que atañe a la renegociación de la deuda, ambas propuestas conllevan una revisión drástica de los acuerdos a los que se había llegado tentativamente con los bonistas del gobierno central. La Junta ahora proyecta que el “sobrante” presupuestal acumulado hasta el año fiscal 2032, que es de donde saldría el dinero para el servicio de la deuda renegociada, va a ser 65 por ciento menos que lo previsto anteriormente. En otras palabras, que de cada tres dólares que se pensaba tener para los bonistas, ahora solo queda uno.
Otro punto de coincidencia es que el objetivo de balancear el presupuesto tiene que trasladarse más allá del mediano plazo. El gobierno ya ha dicho que el cierre ha costado por lo menos $1,400 millones en contribuciones dejadas de recaudar, y la Junta contempla un número similar. Sin duda, ambos están sujetos a revisión, dependiendo de cómo se levante la economía luego de la reapertura.
No es exagerado decir que estos cambios van a la esencia misma del proyecto de PROMESA. Si hay que dar marcha atrás en la renegociación de la deuda y aplazar la consolidación del presupuesto gubernamental, se está revisando la parte más urgente de la agenda que el Congreso de Estados Unidos le encargó a la Junta. No sorprende, por lo tanto, que la Junta ahora le dé más énfasis a la necesidad de completar el programa de reformas estructurales, que es casi lo único que podría rescatarse, en el corto y mediano plazos, del programa original.
También es importante el énfasis creciente que la Junta le está dando ahora a la inversión en fortalecer el servicio público esencial en las áreas de salud, educación y seguridad. Para esto se prometen asignaciones sustanciales de fondos. También se indica que los recortes a la Universidad de Puerto Rico quedan en suspenso por un año. Todo ello sugiere que la Junta comparte la impresión que tenemos casi todos de que en estos momentos la austeridad podría vulnerar excesivamente la capacidad operacional de entidades gubernamentales que proveen servicios esenciales.
Menos austeridad y menos repago de deuda, posiblemente balanceado con un paso más rápido en las reformas estructurales, es lo que tanto la Junta como el gobierno proponen en estos momentos. No hay duda de que la pandemia está cambiando el rumbo del proyecto PROMESA.
- El autor es profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras
