Por redacción de Sin Comillas
El aumento en el salario mínimo para los trabajadores de construcciones gubernamentales decretado por el gobierno provocará “un serio disloque para el sector de la construcción en Puerto Rico”, advirtió Kenneth Rivera Robles, presidente de la Cámara de Comercio.
El lunes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción a $15 la hora para contrataciones gubernamentales.
Según Rivera Robles, el economista José Caraballo, autor del estudio “Is There a Minimum Wage Biting in Puerto Rico? Updating the Debate”, se han expresado en contra de aumentos sustanciales al salario mínimo y ha planteado que un aumento del salario mínimo a $15 no es adecuado y que los datos apuntan que el salario mínimo en Puerto Rico debería ser $8.61 por hora.
También destacó que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien ha sido históricamente un defensor de un aumento en el salario mínimo en EEUU, reconoció en su vista del 6 de abril de 2017 que se debe tomar en cuenta que un aumento en Puerto Rico no tendrá el mismo resultado que en Estados Unidos. Esto es así, porque nuestros ingresos son una cuarta parte de lo que se gana en los estados.
“Por lo tanto, nuestra primera preocupación es cuáles fueron los factores utilizados para la determinación de la cantidad de $15 por hora”, añadió.
La Cámara de Comercio también mostró su preocupación en torno al efecto práctico al momento de implantar este requerimiento. En el caso de una empresa de construcción que tenga proyectos públicos y privados, tendría que estar ajustando el salario por hora dependiendo en qué tipo de proyectos se envuelva al empleado. Además, siendo realista los empleados de construcción harán todo lo posible por maximizar su compensación por hora lo que podría causar renuncias de proyectos en proceso, para irse a trabajar en proyectos con el gobierno. La Sección 8tava de la Orden pretende que ésta no tenga efecto retroactivo a proyectos existentes, sin embargo para fines prácticos si se tendrá incidencia negativa sobre contratos existentes. Esto podría hacer incluso que proyectos ya comenzados se puedan ver afectados al punto de detener obras en proceso. Y obviamente de cara al futuro podría encarecer el costo de construcción en la Isla”.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico hace un llamado al gobernador para que derogue la Orden Ejecutiva por el efecto que puede tener en la industria de contratación en Puerto Rico que ha atravesado momentos fiscales sumamente difíciles en los últimos años.
