Por redacción de Sin Comillas
El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge M. Cañellas Fidalgo, lamentó y criticó como desacierto mayúsculo en contra de los comercios que el Gobernador de Puerto Rico haya convertido en la Ley 163 el PC 1524 el pasado día 25.
Cañellas expresó “nos preocupa sobremanera, que el Gobernador de Puerto Rico haya estampado su firma en un proyecto tan lleno de fallas y oneroso como el proyecto de la Cámara 1524, el cual fue radicado en la Cámara de Representantes el 21 de octubre y aprobado en Conferencia el 18 de noviembre de 2013, sin consultar a las asociaciones de negocio”.
El proyecto titulado ‘’Ley de Mecanismos Efectivos de Fiscalización Contributiva”, es una pieza extensa de legislación que solo fue sujeta a una reunión ejecutiva, a la cual fueron citados el Departamento de Hacienda y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
La medida habrá de operar en contra de todos los negocios pues requiere que los Estados Financieros emitidos por un CPA se expandan para incluir una cantidad alarmante de información financiera adicional, de esta forma encareciendo el costo de las auditorias en miles de dólares y requiere a los CPAs que hagan la labor fiscalizadora que les corresponde hacer a Hacienda, el CRIM y los municipios.
Esto se debe a que el CPA tendrá que reportar si las retenciones de diversas contribuciones se han efectuado, si el IVU se ha depositado, efectuar un análisis de innumerables cuentas de gastos para constatar que no existan gastos personales, y que los negocios están cumpliendo con los requisitos de los decretos de exención contributiva, verificar que los métodos de contabilidad usados están autorizados por Hacienda, la cuantía de los inventarios por mes, y los volúmenes de negocio por municipio, entre otros.
A pesar de que la Cámara de Comercio y el Colegio de CPA se opusieron a este proyecto, y tanto la legislatura como el ejecutivo están conscientes de las deficiencias de este proyecto, la decisión de convertirlo en ley y entonces enmendarlo o tratar de resolver sus fallas administrativamente no es la ruta correcta. La realidad es que este proyecto es tan deficiente, que difícilmente pueda ser enmendado de manera que sea satisfactoria para los comercios, añadió Cañellas.
“Favorecemos que se continúe atacando la economía subterránea y se cumplan las leyes fiscales del país, pero no estamos de acuerdo con que se transfiera esta obligación de Hacienda, del CRIM, y de los municipios a los CPA’s, en vista de que ésta habrá de encarecer los costos de las auditorías y coloca a estos profesionales en posición de un posible conflicto y en contradicción con los estándares que gobiernan esta profesión, dijo Cañellas que es CPA además de abogado y comerciante.
“La Cámara de Comercio de Puerto Rico entiende que este proyecto plantea asuntos que afectan la competitividad del país y consecuentemente tendrá un efecto devastador en la confianza de los inversionistas ya que solo en Puerto Rico se va a requerir este tipo de información financiera suplementaria a los estados financieros auditados, por lo cual debió ser ponderado con mucho más cuidado, comentó Cañellas Fidalgo”.
