Por redacción de Sin Comillas
La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 938 que reduce los beneficios marginales de los empleados del gobierno y de las corporaciones públicas. Se enmendó el proyecto para que los empleados conserven sus beneficios de plan médico hasta julio de 2018. Esta enmienda representa unos $136 millones, que deberán ser ajustados en el presupuesto.
Se esperaba que el Senado aprobara la medida durante la noche del jueves.
El objetivo de la medida es reducir los beneficios marginales de los empleados de corporaciones públicas (alrededor de $11,000) para igualarlos con los del resto de los empleados públicos (unos $2,000). La medida será aplicable a todos los empleados públicos del Gobierno y sus corporaciones públicas, excepto la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.
Los días de vacaciones de todos los empleados públicos (incluidos los de las corporaciones) se reducirán de los actuales 30 días a 15 días, para igualarlos con el sector privado, y no se podrán acumular más de 60 días.
Los días por enfermedad se mantienen en 18 días al año (día y medio por cada mes de servicio) para los empleados contratados antes de la Ley 9 de 2017. Para los empleados contratados después de esa ley los día de enfermedad se reducen a 12 días al año (1 día por cada mes de servicio). No se podrán acumular más de 90 días. No se pagarán excesos de vacaciones y días de enfermedad.
Licencia de maternidad será de 12 semanas y la de paternidad de 15 días. Los empleados tendrán 15 días feriados y el bono de Navidad será de $600. Estas medidas producirán ahorros de entre $150 millones a $200 millones al año.
“Una vez que mejore la situación fiscal de Puerto Rico, un comité evaluará el cumplimiento de las métricas para restituir paulatinamente los derechos de los trabajadores”, dijo el líder cameral, Carlos Méndez Núñez.
Por otro lado, el proyecto aprobado enmienda el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de modificar el arbitrio aplicable a cigarrillos y productos derivados del tabaco para obtener mayor liquidez, atajar la crisis económica y fiscal que enfrenta la Isla, y evitar que los sectores más vulnerables se afecten, así como para desalentar el uso de cigarrillos.
