Por redacción de Sin Comillas
Cada Plan fiscal propuesto revela que Puerto Rico tiene más recursos financieros de lo que había dicho, asegura en un comunicado Dominic Frederico, presidente de Assured Guaranty, que asegura unos $5,400 millones en bonos de Puerto Rico. El ejecutivo señala que el más reciente Plan Fiscal, el tercero en lo que va del año, incluye $6,000 millones disponibles para el pago a acreedores en los primeros seis años; mientras que hace dos meses el Gobierno reclamaba tener un déficit de $3,000 millones, “una oscilación de casi $10,000 millones”.
“Cada nuevo plan fiscal presenta una imagen diferente, pero cada uno sigue demostrando un incumplimiento de la ley aplicable, incluidos los requisitos de PROMESA, una falta de voluntad para pagar las obligaciones de la deuda, una falta de reconocimiento de la importancia del acceso al mercado de capitales para el crecimiento económico futuro y la asignación de cientos de millones de dólares a gastos de litigios innecesarios, gastos que podrían evitarse trabajando en conjunto con los acreedores y otras partes interesadas para desarrollar un plan realista para el futuro de Puerto Rico”, expresó Frederico, que propone un acuerdo con los acreedores.
El ejecutivo criticó la propuesta del gobernador de aumentar los salarios en el gobierno y reducir las tasas contributivas, porque profundiza la crisis fiscal de un gobierno en quiebra.
“El Gobernador y la Junta de Control Fiscal deben desarrollar un proceso para prohibir el gasto innecesario y fraudulento, y para eliminar los déficits presupuestarios que han plagado el pasado reciente de la isla. Como han demostrado las bancarrotas municipales pasadas, trabajar estrechamente con los acreedores en enfoques consensuados y aprovechar su experiencia para ayudar a navegar en complicadas reestructuraciones de deuda es el camino óptimo para salir exitosamente de la bancarrota”, indicó el ejecutivo de Assured Guaranty Corp. El año pasado esta compañía presentó una demanda cuestionando la legalidad de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, retiró la demanda citando la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico.
“Instamos al Gobernador y a la Junta de Control Fiscal a trabajar con los acreedores para crear un plan de recuperación económica sostenible basado no en agendas políticas sino en el único mandato de la Junta de Control Fiscal: apoyar la estabilidad económica en Puerto Rico al lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, añadió Frederico.
