Por redacción de Sin Comillas

En Puerto Rico muere asesinada una mujer cada siete días, lo que equivale a una tasa promedio de 3.00 feminicidios por cada 100,000 mujeres, según el estudio “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018”, realizado por Proyecto Matria y Kilómetro Cero, con el apoyo de Oxfam América. Se trata de una tasa de feminicidio alta cuando se compara con Estados Unidos  y países de Latinoamérica.

Según la clasificación del Instituto Europeo para la Equidad de Género, el feminicidio es la muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o la muerte de una mujer que es el resultado de alguna práctica que le resulte ser dañina, independientemente de los motivos de la acción. Bajo esta definición, el informe incluye mujeres asesinadas por parejas, exparejas o desconocidos.

El informe ha identificado 266 casos feminicidios desde el 2014-2018, incorporando como fuente de información reportajes periodísticos, datos de mortalidad del Registro Demográfico de Puerto Rico e información demográfica del Censo de Estados Unidos. No utilizaron datos de la Policía por su renuencia a diseminar datos de casos individuales. Sin embargo, lograron comparar las estadísticas agrupadas de la Policía de mujeres asesinadas con los datos que recopilamos.

Los datos de feminicidios de la Policía están entre 11% y 27% por debajo del número de mujeres asesinadas que recoge el informe. La subestimación de los datos sugieren que la Policía no actualiza o no le interesa verificar la validez de sus propios registros.

Las mujeres con bajo nivel educativo tienen tasas de feminicido casi 5 veces más altas que su grupo de edad y mujeres entre las edades de 25-34 años están en mayor riesgo que las demás. Los asesinatos ocurren principalmente en las residencias de las mujeres o sus familiares y 58 % son asesinadas con armas de fuego.

El informe incluye seis recomendaciones para reducir los asesinatos de mujeres: crear un sistema de vigilancia de feminicidios, adiestrar al personal de salud y otros profesionales, adiestrar al personal de la Policía, Tribunales y otras agencias de ley y orden, aumentar la investigación sobre feminicidios y su prevención, reducir la disponibilidad y la posesión de armas y promover la equidad social y de género y una cultura de no violencia.

El informe surge como una reacción ante la sistemática indolencia de las autoridades gubernamentales (Negociado de la Policía, Departamento de Justicia, Administración de Tribunales, Departamento de Salud y el Negociado de Ciencias Forenses) en documentar rigurosamente la situación de los asesinatos de mujeres.