Por Luisa García Pelatti

El Proyecto de la Cámara 720 propone aumentar de tres a cinco el número de miembros de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT). La medida establece que el nombramiento de los miembros será por un término de cuatro años y no como ahora, en términos escalonados de siete, cinco y tres años. La medida se somete en un momento en que la Legislatura lleva a cabo vistas públicas que plantean un posible conflicto de interés en los miembros de la JRT, al haber trabajado en compañías a las que ahora regulan.

Las vistas se llevan a cabo al amparo de la Resolución del Senado 125, que ordena a la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado  realizar una investigación continua sobre las actuaciones de la banca, la industria de las telecomunicaciones y de seguros con el fin de fiscalizar y promover el desarrollo de instituciones financieras saludables en la Isla.

Se cuestiona la imparcialidad de la presidenta de la JRT, Sandra Torres, y de otros miembros,  al haber trabajado previamente con la Puerto Rico Telephone (PRT, que opera ahora bajo la marca Claro). La mayoría de los miembros anteriores y actuales de la JRT han trabajado en las empresas del sector.

En el caso de Torres, el cuestionamiento ético tiene que ver, principalmente, con dos demandas de clase que llevan los abogados José Andreu García, José Andreu Fuentes y Harold Vicente ante la JRT. Las demandas solicitan a la JRT que ordene a la PRT devolver $350 millones cobrados ilegalmente.

Las demandas tienen que ver con el cargo de teletecla que la PRT les cobró a los consumidores, y que los demandantes consideran que no están basados en costo y violan le Ley de Telecomunicaciones. Los abogados del pleito de clase sostienen que la actual presidenta de la JRT fue una de las abogadas de PRT en el caso de teletecla. Torres niega su participación en el caso.

En el 2005, cuando estaba pendiente en los tribunales esta demanda, la Legislatura aprobó la Ley 138, que limitó las reclamaciones contra las compañías de telecomunicaciones a $5 millones y que otorgó a la JRT la jurisdicción exclusiva sobre los pleitos de clase. Los abogados de los demandantes señalan que la presidenta de la JRT apoyó la aprobación de esta ley.

Para que la demanda de clase prospere y reciba un compensación superior a los $5 millones, habría que enmendar la Ley 138.