David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)

El plan enmendado significa una reducción adicional del principal de la deuda de $2,700 millones en comparación con el plan de febrero de 2020

Por redacción de Sin Comillas

Acreedores principales de bonos de Obligación General (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), llegaron hoy a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal sobre un nuevo Acuerdo de Apoyo al Plan de Ajuste de deuda que reestructurará aproximadamente $18,800 millones en deuda de bonos de Obligación General y con garantía de Obligación General.

El acuerdo reduce en 61% los $18,800 millones de bonos de Obligación General y con garantía de Obligación General a $7,400 millones, lo que resulta en una reducción adicional del principal de la deuda de $2,700 millones en comparación con el plan de febrero de 2020.

Los nuevos términos reducen el servicio máximo anual de deuda del gobierno a $1,150 millones, lo que representa una reducción adicional del 22% del límite de $1,470 millones bajo el plan de febrero de 2020.

El acuerdo incluye al Grupo Ad Hoc de Deudores Constitucionales, al Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos GO, a la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL) y al Grupo de Tenedores de Bonos QTCB.

Los nuevos términos incluyen un “instrumento de valor contingente” (CVI, por sus siglas en inglés) que solo paga si hay crecimiento económico y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) supera las proyecciones del Plan Fiscal Certificado. El CVI utiliza el 5.5% del IVU comprometido con COFINA como medida de rendimiento superior. Si el gobierno de Puerto Rico cobrara más IVU del 5.5% proyectado, los acreedores  que son partes en este acuerdo- recibirán 45% del incremento sobre la cantidad proyectada, sujeto a límites máximos anuales y de por vida. Si la economía se desempeña según lo proyectado o cae por debajo de las expectativas, los acreedores no reciben ninguna compensación incremental del CVI.

Se aclara que los acreedores no recibirán ningún dinero federal, ni ningún fondo destinado para los pensionados y para servicios esenciales.

“Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta , David Skeel.

“Creo firmemente que este es el mejor acuerdo que pudimos alcanzar considerando la incertidumbre económica actual, no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo”, señaló Skeel.

“El Plan de Ajuste que esperamos presentar el próximo mes se basa -en parte- en este acuerdo con los acreedores, junto con los acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y con ciertos sindicatos, así como el resultado de una mediación que continúa con otros grupos de acreedores. El Plan garantizará que Puerto Rico resuelva la insolvencia de una vez y por todas. Ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión: una vez y ya. Tenemos la intención de lograrlo”, manifestó Skeel.

Los miembros de la Junta aprobaron el nuevo acuerdo por unanimidad. Los tenedores de más de 11,700 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.

La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.

“Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, los acreedores principales han trabajado de buena fe con la Junta de Supervisión para brindarle a Puerto Rico la flexibilidad financiera que necesita para recuperarse de esta crisis de salud pública sin precedentes. El nuevo PSA ofrece esa importante flexibilidad al crear un calendario de repago de deuda reducida e introducir una serie de concesiones significativas de los acreedores. Este compromiso, que está respaldado ampliamente, ayudará a Puerto Rico a evitar años de litigios costosos y que distraen y, finalmente, acelerará la tan esperada salida de la quiebra en el 2021”, señalaron los grupos de acreedores en una declaración escrita.

Los acreedores comentaron que “han acordado asumir más riesgo y alinearse aún más con la revitalización de Puerto Rico al aceptar que una parte de su recuperación sea en la forma de un instrumento de valor contingente que solo paga si el desempeño de la economía del Estado Libre Asociado excede las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de mayo de 2020”.

“Creemos firmemente que el nuevo PSA ayudará a Puerto Rico a continuar apoyando a sus tres millones de ciudadanos durante estos tiempos difíciles y, al mismo tiempo, sentará las bases para un futuro económico mucho más brillante”, añaden en sus declaraciones.

Según el acuerdo, los nuevos bonos emitidos serán solo GO, y no incluirán los bonos “junior” de COFINA contemplados en el acuerdo de febrero de 2020.

Este acuerdo debe presentarse ante el tribunal en o antes del 8 de marzo. Se espera que el tribunal tome una decisión en otoño y si se aprueba el gobierno saldría de la quiebra para finales del año.

El Grupo Ad Hoc de Acreedores Constitucionales está conformado por tenedores institucionales de los bonos GO y de la AEP de Puerto Rico. Morrison y Foerster sirve como asesor legal del grupo y Perella Weinberg Partners, LP se desempeña como su asesor financiero.

El Grupo Ad Hoc de Acreedores de Bonos de Obligación General consiste en tenedores institucionales de los bonos GO y de la AEP. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Willkie, Farr & Gallagher LLP, y Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber LLP se desempeñan como asesores legales del grupo, con Goldin Associates, LLC, una empresa de Teneo, actuando como su asesor financiero del Grupo GO.

La CDCL se compone de tenedores institucionales de los bonos GOs y de la AEP de Puerto Rico. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & Escalera, LLC se desempeñan como asesores legales de la CDCL, mientras que Miller Buckfire & Co., una compañía de Stifel, actúa como asesor financiero de la Coalición.

El Grupo QTCB está formado por tenedores institucionales de bonos GO y de la AEP de Puerto Rico. Morgan Lewis & Bockius LLP y Correa Acevedo & Abesada SPC se desempeñan como asesores legales del Grupo QTCB, mientras que Ducera Partners LLC actúa como asesor financiero del Grupo.

Puede leer el acuerdo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/15zWXi83c0EOI8Pzw2uS_lYGgxRbugBsV/view

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