Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal debe certificar ya los Planes Fiscales y no debe permitir que el Gobierno de Puerto Rico siga extendiendo el proceso. Es lo que dice Rob Bishop, congresista de Estados Unidos (republicano-Utah), en una carta enviada el jueves a los miembros de la Junta.

Frustrado con la Junta por no haber alcanzado un acuerdo con los acreedores y por los intentos del Gobierno para esquivar el propósito de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), Bishop pide rapidez y resultados, y abre la posibilidad de celebrar nuevas vistas en el Congreso de Estados Unidos sobre el estatus de los trabajos.

Dos años después de la aprobación de PROMESA, Bishop exige a la Junta que llegue a un acuerdo con los acreedores y termine de completar y certificar los Planes Fiscales.

El congresista le pide a la Junta y al Gobierno más transparencia, rendición de cuentas, buena voluntad y cooperación. Cuestiona que no se hayan alcanzado acuerdos con los acreedores y reprocha a la Junta que haya abortado un posible acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “Si les preocupan los costos de litigación y Título III, entonces, como establece claramente PROMESA, deberían trabajar activamente con los acreedores para resolver los temas por consenso”. De esta forma, la solución sería más rápida y se promovería el desarrollo de Planes Fiscales más transparentes y efectivos.

Bishop, que preside el Comité de Recursos Naturales que está a cargo de la supervisión de PROMESA, señala que los planes fiscales presentados recientemente por el Gobierno eluden el propósito de la ley, que recuerda que es un mecanismo para que Puerto Rico logre transparencia financiera, estabilidad fiscal y recupere el acceso a los mercados de capital.

Los Planes Fiscales “no son documentos de asesoramiento o meras sugerencias al Gobierno”, señala Bishop. Lo que supone una advertencia ante las declaraciones del Gobernador de Puerto Rico de que no aceptará la intervención de la Junta en temas de política pública. Ricardo Rosselló se opone a las exigencias de la Junta para recortar las pensiones públicas. Además, ha retirado su propuesta de nuevos cambios a la leyes laborales ante las condiciones impuestas por la Junta para aumentar el salario mínimo federal. “Un Plan Fiscal es la piedra angular de las reformas estructurales que la Junta considera necesarias”, indica Bishop.

Por otro lado, señala que “los Planes Fiscales deben proveer fondos adecuados para los sistemas públicos de pensiones” y que para ello es clave definir cuáles son los servicios públicos esenciales. Sólo así, dice, se podrá establecer con claridad dónde se deben producir los recortes en el Gobierno. Pero desde la creación de PROMESA, ni el Gobierno ni la Junta han logrado plasmar una definición de “servicios esenciales”.

Bishop parece condicionar la llegada de fondos federales para la recuperación de los huracanes de septiembre de 2017 con la aprobación de las reformas estructurales y la eliminación de costos redundantes.

En la carta dice estar preocupado por el aumento en los gastos del Gobierno mientras las proyecciones indican que la población seguirá cayendo. Muchos de esos gastos tienen que ver con los costos legales del proceso de reestructuración de la deuda, debido a la triple representación, que considera un despilfarro ante la limitada capacidad financiera del Gobierno.

Estima que es necesario reducir estos gastos y lograr acuerdos, pero sobre todo señala que la Junta es el único representante de los deudores en el caso de reestructuración de la deuda que se ventila en los tribunales y que si el Gobierno insisten en “eludir esta uniformidad de representación” deben recortarle el presupuesto bajo la Sección 203.