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Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción a $15 la hora para contrataciones gubernamentales. De igual forma, la orden establece el requerimiento del uso de cemento local en proyectos de construcción del Gobierno local.
En otras jurisdicciones de los Estados Unidos un empleado de la construcción genera un sueldo de unos $70 la hora. En Puerto Rico, los trabajadores de la construcción reciben $7.25 la hora a nivel privado y $8.25 en contrataciones con el Gobierno. Esto ocurre en los estados por medio de la aplicación de la Ley federal Davis-Bacon, la cual fija un salario mínimo más alto para proyectos públicos. Dicha ley federal no aplica a Puerto Rico.
“Uno de los elementos fundamentales de la recuperación de Puerto Rico es la industria de la construcción, la cual es vital para estar preparados ante fenómenos atmosféricos y otras emergencias que nos puedan afectar en el futuro”, sostuvo el primer ejecutivo.
Asimismo, el gobernador añadió que “ahora que Puerto Rico comienza el camino de la reconstrucción, es indispensable que la fuerza local de la construcción sea más fuerte que nunca. Necesitamos más trabajadores puertorriqueños de construcción, mejor entrenados y mejor remunerados”.
Por otra parte, la orden ejecutiva establece que se ponga en vigor la Ley Núm. 109 de 1985, que requiere el uso de cemento local en proyectos de construcción del Gobierno.
En el año 2012, Puerto Rico produjo 17 millones de sacos de cemento. En el 2014 esa cifra se redujo a 7 millones, lo que demuestra un colapso en la industria de la construcción. El uso de materiales producidos en Puerto Rico protege a los empresarios locales, quienes crean empleos e inversión a nivel local.
Por último, esta orden ejecutiva exige acuerdos laborales para proyectos financiados por el Gobierno, los cuales establecerán condiciones de seguridad y entrenamiento profesional que protegerán a los trabajadores. Esto siempre y cuando no haya una prohibición explícita a este tipo de acuerdo por las leyes federales. La determinación tampoco será de aplicación a los acuerdos ya pactados.
