Por redacción de Sin Comillas
Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) José “Conny” Varela, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo, denunciaron el proceso atropellado de vistas públicas para atender la medida propuesta por la Administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) para derogar la Ley 80 de despido injustificado y la poca o ninguna evidencia que demuestre los efectos que tendrá en la economía del país la eliminación de esta ley.
“Tenemos que recordar cómo hemos llegado hasta aquí para entender por qué hoy debatimos sobre la derogación de la Ley 80, y lo atropellado que ha sido el proceso de evaluación legislativa. El 21 de mayo de 2018 quedó al descubierto el acuerdo que pactó el Gobernador y la Junta Federal de Control Fiscal de mantener el bono de Navidad y evitar la reducción de licencias de vacaciones y enfermedad a cambio de derogar esta ley. Esta era la condición para cumplir con el plan fiscal ya modificado y presentado por el propio Gobierno. Sin embargo, no contaban con el rechazo de muchos de los miembros de su propia Legislatura PNP, quienes condicionaron la derogación de este estatuto a que sometieran evidencia de cuál sería el beneficio económico para Puerto Rico. Por un lado, el Senado derogó esta ley con la enmienda de que será prospectiva, y por otro, en la Cámara se dio paso a un proceso de vistas públicas para evaluar la medida de esta Administración”, explicó José “Conny” Varela.
Por su parte, el representante Luis Vega manifestó que el proceso de vistas públicas ha sido atropellado desde el primer día, ya que no se incluyó a la Comisión de Asuntos Laborales dentro de la evaluación de un tema que impacta directamente a la clase trabajadora del país. De igual forma, hizo hincapié en la poca o ninguna preparación de los secretarios del Ejecutivo que han venido a deponer en las vistas, quienes a su juicio le faltaron el respeto a los trabajadores.
“El lunes, entre carcajadas inmaduras, los representantes del gobierno mintieron sobre cómo la derogación de la Ley 80 no afecta ni la permanencia, ni las demás derechos laborales. El martes las asociaciones empresariales no presentaron evidencia o números de cuánto han perdido en dinero durante los 42 años de la Ley 80 o cuántos empleos crearían si se deroga. El miércoles quedó desmentido el mito de que la ley para incentivar a Lufthansa eliminaba la Ley 80 para esa industria. Desde el jueves esperamos por la publicación de la prometida opinión de la Secretaria de Justicia sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 que aprobó el Senado. Y ya la Junta Fiscal envió su versión del cuadre presupuestario a la Legislatura, donde no dice nada sobre cuánto se ahorra o se recauda por la derogación de la Ley 80. En fin, luego de una semana de discusión en la Cámara, no existe un solo argumento para eliminar la Ley 80”, sentenció Vega Ramos.
“Al momento ninguno de los deponentes que vinieron a defender la postura del Gobernador, ha podido demostrar con datos sustentables que la derogación de la Ley 80 traerá mayor crecimiento económico. Tampoco han podido dar cifras o proyecciones de cuántos empleos se generarán ni cuántas empresas nuevas llegarán a la Isla tras la derogación de esta ley”, sostuvo Vega Ramos.
El representante Manuel Natal dijo que “este Gobierno y la Junta han utilizado el argumento de que en otros estados de la nación americana no existe una ley como la 80 para defender la derogación de la misma, pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo estatal en Puerto Rico no es comparable con el resto de los estados. Mientras tanto, continúan privando a los trabajadores de los derechos que han adquirido.”
“No cabe duda, que lo único que busca este pacto de Rosselló y la Junta es beneficiar a los grandes intereses a costa del empleo de miles de padres y madres de familias que dignamente se levantan a trabajar todos los días”, añadió Natal Albelo.
Varela, que también es Portavoz del PPD en la Comisión de Gobierno, dijo que “esta discusión ha girado en torno a que, según el Gobernador, este acuerdo haría viable el desarrollo de la economía, protegería el pago del bono de Navidad y mantendría las licencias de vacaciones y enfermedad. No obstante, la propia Junta aseguró que el tema del bono navideño y la permanencia de las licencias no estaban garantizadas por los cinco años que dura el Plan Fiscal, dejando claro que esta medida es otro parcho y que en todo momento lo contemplado en el plan certificado sigue en pie. Vuelve a quedar evidenciado que las acciones de Rosselló y la Junta son las mismas”.
Finalmente, los representantes destacaron que “esta Administración continúa caracterizándose por la insensatez e insensibilidad, lo que quedó demostrado con la burla por parte de los secretarios del Ejecutivo en las vistas públicas cuando se le increpó sobre la permanencia de los trabajadores del sector privado. De igual forma, queda evidenciado la poca seriedad para atender este asunto, con la dilación que ha tenido la Secretaria de Justicia para emitir una opinión legal sobre la constitucionalidad de la prospectividad de esta ley, solicitud que le hiciéramos en vista pública, y que al momento, no hemos recibido”.
“Es indignante lo atropellado que ha sido este proceso. Seguramente, esta medida se bajará sin espacios para debatir responsablemente, como ya se ha hecho uso y costumbre de esta Legislatura del PNP. Estamos hablando de que nuevamente se dará paso a la aprobación de otra medida desacertada que atenta en contra de los derechos de nuestros trabajadores y que cuenta con el rechazo de muchos sectores del país. La mayoría del PNP vuelve a hacerse cómplice de la política pública errada del Gobernador y la Junta”, sentenciaron.
