Por redacción de Sin Comillas
El Proyecto de la Cámara 599, que propone la creación de la “Ley de Empleos Ahora” recibió el endoso del gabinete económico del gobierno y de varias asociaciones profesionales durante las vistas públicas que celebró la Comisión de Desarrollo Económico-Social y Planificación de la Cámara de Representantes. La medida fue criticada por la oposición, que cuestiona cuánto costará la media y de dónde saldrán los incentivos y los empleos.
La medida recibió el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Comercio y Exportación, la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo y el Departamento de Agricultura, quienes describieron la medida como “un instrumento que aporta al desarrollo económico local y propicia el crecimiento sostenible de Puerto Rico” También expresaron su respaldo la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
La presidenta de la Asociación de Industriales, Waleska Rivera, en su testimonio llamó la atención al hecho de que el proyecto de ley tiene un defecto significativo ya que no distingue entre los empleos a ser creados por los sectores primarios de la economía, que son los que se identifican con la producción y con traer dinero nuevo al País, y los que se caracterizan por la distribución de riqueza, que son los comercios al detal y los establecimientos de servicio. Al excluirse todo negocio que opera bajo un decreto, prácticamente la totalidad de la economía de producción queda fuera de este esquema.
En su ponencia García destacó que el sector de la manufactura representa principalmente empleos de un alto valor, bien remunerados, altamente y beneficio. De cada empleo en la manufactura se crean 3.3 empleos indirectos o inducidos.
La Asociación de Industriales entiende que entre los escollos para establecer o expandir una empresa se encuentran el proceso extenso de permisos, el ofrecimiento limitado de financiamiento, los altos costos operacionales y la falta de incentivos necesarios. Este proyecto de Ley tiene el objetivo de atender estos problemas y promover la creación de empleo.
Sin embargo, los Industriales entienden que el incentivar comercios de comida rápida o lenta, y a comercios al detal, que ya han seleccionado a Puerto Rico para su expansión y que se han de establecer de todas maneras, no abona a los objetivos de reactivar la economía, más allá del beneficio que surge de la creación de empleos a corto plazo que también son necesarios.
Por otro lado, el titular de los Industriales indicó que es un hecho que no debemos menospreciar la importancia de empleos de bajos salarios, no es menos cierto que el país necesita crear empleos de alta remuneración salarial y alta productividad. Una economía de salarios altos fundamentada en industrias que requieran altas destrezas va a generar las condiciones para un mayor crecimiento y desarrollo económico.
Con el objetivo de facilitar los procesos y aclarar algunos puntos y definiciones la Asociación de Industriales propuso una serie de recomendaciones para aclarar ciertas disposiciones del proyecto.
Los Industriales destacaron que no están de acuerdo con excluir de la definición de Negocio Elegible a las empresas que están cobijadas por alguna Ley de Incentivos. Definitivamente esto atentaría contra los beneficios de incentivo que reciben aproximadamente cientos de empresas que mayormente aportan al desarrollo socio-económico del país y que sin los mismos no estarían operando en Puerto Rico. Estas representan aproximadamente 100,000 empleos mayormente en el sector de manufactura. Los Industriales solicitaron se elimine dicha restricción de las Definiciones del proyecto de ley ya que las disposiciones de incentivos y créditos propuestos en el proyecto de ley no les aplicaría para expansiones de negocios y creación de nuevos empleos el cual es el fin primordial del P. de la C. 599.
A la misma vez los Industriales proponen ampliar la definición de negocio nuevo para incluir a aquellas empresas que hayan estado operando a través de afiliadas o que sea resultado de una organización.
Los Industriales recomendaron además revisar la estructura administrativa propuesta para evaluación y concesión de permisos para se defina que la concesión de permisos esté en una sola agencia y no en tres como se vislumbra en el proyecto. Por otro lado, en las definiciones de términos, permisos discrecionales y recomendaciones de agencias el proyecto añade procesos burocráticos contrarios al espíritu de la ley.
En el artículo 2.4- Aplicabilidad del Permiso General, los Industriales recomendaron mayor claridad y que detalle las circunstancias en donde se excluya las determinaciones discrecionales, concluyeron los Industriales.
La portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara de Representantes Jenniffer Gozález Colón denunció incongruencias y lagunas en ayudas e incentivos que ofrece la medida, al igual que alertó que los fondos para dichos subsidios no vayan a salir del bolsillo del pueblo, ya que la pieza no especifica la procedencia de los mismos.
Asimismo, la portavoz del PNP, expresó en especial su preocupación sobre un crédito que según el proyecto otorgará la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de $2,000 anuales para los pequeños y medianos comercios, por cada empleo creado por el mismo, sin haber consultado dicha ayuda con la propia AEE.
Asimismo, González Colón también destacó, que otro subsidio que propone la iniciativa, es pagarle la nómina a las empresas por 18 meses utilizando fondos WIA (Workforce Investment Act),lo cual según ella no es posible, ya que dichos fondos son para adiestramiento de empleados y no para pago de nómina de los mismos.
