El 20 de junio de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi firmó la ley 41. (Foto suministrada)
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal se equivoca al concluir que la Ley 41-2022 tendría un efecto negativo en la economía, señala la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR). Por el contrario, “robustecer los beneficios y derechos laborales puede amplificar los efectos positivos del Crédito por Trabajo, y de esa forma impulsar el empleo, la actividad económica y los recaudos”, aseguran en un comunicado.
La AEPR apoya al Gobierno en su decisión de rechazar el pedido de la Junta de derogar la Reforma Laboral, aunque considera que la Ley 41-2022 “fue insuficiente”.
La Ley de Reforma Laboral (Ley 41-2022), que entró en vigor el pasado 20 de julio, disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
El 1 de septiembre, la Junta presentó una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el propósito de anular la ley, que deroga ciertos elementos de la Reforma Laboral del 2017.
Ni la Junta de Control Fiscal, ni el Gobierno han podido estimar el impacto de la Reforma Laboral. Tampoco ha podido hacerlo la AEPR, que explica que con los pocos datos disponibles para Puerto Rico “es sumamente difícil precisar de forma econométrica el efecto, si alguno, de la derogación de la Reforma Laboral del 2017 en los recaudos contributivos”.
“Aunque reconocemos que la literatura es mixta, nuestro análisis de la literatura disponible nos lleva a concluir que, en el caso de Puerto Rico, para promover el desarrollo económico debe impulsarse una legislación laboral que no solo restaure parcialmente algunas protecciones laborales, sino que rehabilite y amplíe los derechos de la clase trabajadora que han sido socavados”, explica la AEPR.
“Resulta poco probable que precarizando el mercado laboral se logre aumentar la producción, la participación laboral y el empleo en el caso de Puerto Rico. En todo caso, para lograr tales objetivos es importante ofrecer incentivos a los trabajadores y las trabajadoras incrementando su compensación y promoviendo mejores condiciones de empleo y de vida. De esta manera, se impulsa en el país la productividad y una redistribución más justa de las riquezas”, añaden.
La AEPR reconoce que mayores beneficios laborales podrían resultar onerosos para ciertas industrias y las pequeñas y medianas empresas. Pero esto se podría resolver, aseguran, mediante subsidios o eximiendo a las pymes más vulnerables y proveyendo otros incentivos a sus trabajadores y trabajadoras. “Actualmente existen subsidios a grandes empresas que serían una inversión social más efectiva si son transferidos a las pymes con estos fines”, apuntan. “Entendemos que el sector privado en general debe apoyar dichos esfuerzos, no solo como un asunto de justicia social, sino además porque se beneficiarán directamente de los mismos”.
En torno a la escasez de mano de obra, la AEPR explican que “existe una escasez de empleos bien remunerados y beneficios marginales adecuados. Mejores condiciones laborales permitirán a las empresas reclutar con mayor facilidad a trabajadores y trabajadoras. Además, conduce a que las personas tengan un mayor nivel de satisfacción con su empleo, implicando una retención de empleados y productividad más alta. Incluso, mejores condiciones laborales en el país ayudarán con la emigración, uno de nuestros problemas económicos más críticos, al incentivar la retención de trabajadores y trabajadoras y potencialmente el retorno de algunos de los que ya han migrado. Finalmente, las familias tendrán un mayor poder adquisitivo que estimulará tanto la demanda como la producción de los bienes y servicios, entre otros múltiples beneficios para las empresas”.
