Foto: Cristina Torija García

Por redacción de Sin Comillas

El Gobierno de Estados Unidos anunció la disponibilidad de casi $11,000 millones en subvenciones y oportunidades de préstamos que ayudarán a los proveedores rurales de energía y servicios públicos a llevar energía limpia asequible y confiable a sus comunidades en todo el país.

Maximiliano J. Trujillo Ortega, director de Desarrollo Rural en Puerto Rico, indicó que $300 millones fueron asignados a Puerto Rico y a los territorios y estados con pactos con los Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) abrirá un proceso de Cartas de Interés para el programa “Dando Energía a los Estados Unidos Rurales” (Empowering Rural America, “New ERA”), que pone $9,700 millones a disposición de las cooperativas eléctricas rurales que reúnan los requisitos necesarios para implementar sistemas de energía renovable, cero emisiones y captura de carbono.

Además de New ERA, USDA también abrirá un proceso de Carta de Interés para el programa Proporcionando Energía Limpia y Asequible (Powering Affordable Clean Energy, PACE), que pone a disposición $1,000 millones en forma de préstamos parcialmente condonables a promotores de energías renovables y proveedores de servicios eléctricos, incluyendo municipios, cooperativas y empresas de servicios públicos tribales y propiedad de inversionistas, para ayudar a financiar proyectos a gran escala de energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa, hidroeléctrica y almacenamiento de energía en apoyo de los sistemas de energía renovable.

El objetivo del programa PACE es hacer asequible la energía limpia a las comunidades vulnerables, desfavorecidas, tribales y energéticas para calentar sus hogares, hacer funcionar sus empresas y suministrar energía a sus automóviles, escuelas, hospitales y otros. Es posible que USDA pueda apalancar cerca de $3,000 millones en proyectos a través de este programa. Esto está en consonancia con la iniciativa del Presidente Biden, Iniciativa Justicia40, cuyo objetivo es garantizar que el 40% de los beneficios globales de determinadas inversiones federales lleguen a las comunidades desfavorecidas, marginadas y sobrecargadas por la contaminación.