La demanda persigue adjudicar responsabilidad por conducta injusta en el mercado municipal de bonos.
Por redacción de Sin Comillas
Las aseguradoras de bonos National Public Finance Guarantee Corporation y MBIA Insurance Corporation presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia (SJ-2019-CV07932), Sala Superior de San Juan, una demanda contra ocho grandes bancos de Wall Street, responsabilizándolos por su conducta injusta en el mercado de bonos municipales, lo que contribuyó al colapso económico de Puerto Rico.
Los demandantes son aseguradores de bonos, quienes han recibido y honrado reclamaciones por más de $1,000 millones, luego de que la deuda municipal suscrita por los bancos de inversión se volviera insostenible en cuanto a sus términos y como consecuencia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias incumplieran con sus obligaciones.
Los demandados son: UBS Financial Services, Inc.; UBS Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Goldman Sachs & Co., LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.; RBC Capital Markets, LLC; y Santander Securities, LLC.
Cada uno de los bancos de inversión demandados suscribió uno o más bonos emitidos por el Estado Libre Asociado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante. La demanda alega que, por más de una década, estos bancos instaron a Puerto Rico y a sus agencias a emitir cantidades enormes de esta deuda, permitiendo que los bancos se beneficiaran de la suscripción y venta de bonos, así como del intercambio de tasas de interés, refinanciamiento y otras transacciones relacionadas.
En su capacidad como suscriptores (“underwriters”), los bancos de inversión tenían una responsabilidad fundamental de servir como guardianes del mercado para garantizarle a los mercados que estos bonos municipales iban a ser repagados. Sin embargo, tal y como lo demuestra el Reporte de Investigación Especial, encomendado por la Junta de Control Fiscal, los bancos de inversión no realizaron la debida diligencia, provocando que divulgaciones claves resultaran ser materialmente falsas o engañosas. Estas fallas en la diligencia adecuada ocultaron hechos esenciales que hubiesen demostrado que la deuda no era sostenible y que no podía ser pagada de acuerdo con sus términos.
Esta enorme deuda eventualmente provocó la salida del Gobierno de Puerto Rico del acceso a los mercados de bonos municipales, colocando al gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades en una grave situación económica que afectó servicios públicos de electricidad, hospitales, escuelas e infraestructura esencial de las cuales dependen millones de puertorriqueños. Hasta el presente, las aseguradoras de bonos, como National, han pagado más de $1,000 millones en reclamaciones, al tiempo que los inversionistas no asegurados de bonos municipales, incluyendo a miles de puertorriqueños, han sufrido enormes pérdidas.
“Nos honra representar a National en este litigio”, dijo Philippe Selendy, socio fundador de Selendy & Gay, abogados de National y pasado abogado principal de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda en sus litigios relacionados a RMBS. Tal como se alega en la demanda, “[e]l legado de la conducta contraria a los principios de equidad de los bancos de inversión afectará a Puerto Rico por generaciones. Éstos no solo desatendieron su obligación de actuar como celosos guardianes, sino que se aprovecharon de las circunstancias imperantes en Puerto Rico, llevando a la isla directamente a su crisis actual. A la vez que los bancos se enriquecían, le infligían graves daños al Gobierno de Puerto Rico y a sus ciudadanos, al igual que a National. Deben, por tanto, responder por esta conducta ilícita”, puntualizó Selendy.
La demanda está basada en dos doctrinas de equidad bajo las leyes de Puerto Rico, la doctrina de actos propios y la doctrina de declaración unilateral de voluntad.
Federico Hernández Denton, ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y abogado de National, acotó que de acuerdo a la demanda “[L]os demandados, por medio de sus actos, les garantizaron a los demandantes que habían realizado investigaciones completas y razonables de los términos y condiciones de los bonos que los demandantes aseguraron, y éstos de buena fe confiaron en dichas representaciones, al emitir sus seguros. Sin embargo, los demandados frustraron las expectativas legítimas y de buena fe de los demandantes, al no llevar a cabo esas investigaciones, en torno a la veracidad de las representaciones que hicieron en las solicitudes de seguro. Estas circunstancias extraordinarias ameritan que se aplique la doctrina de actos propios y/o de declaración unilateral de voluntad”.
Ante los incumplimientos de los bonos, National ha pagado cada centavo en cada uno de los reclamos en sus pólizas -sobre $1,000 millones- para cubrir las pérdidas de los inversionistas asegurados.
“Al igual que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico, National también fue engañado por los suscriptores de los bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, dijo Bill Fallon, principal oficial ejecutivo de MBIA Inc., la empresa matriz de los demandantes.
“Este momento convulso debe ser la ocasión ideal para la reconstrucción. National aseguró su primer bono del gobierno de Puerto Rico hace más de 30 años y hasta el presente, ha asegurado más de $15.7 mil millones de deuda para emisores de Puerto Rico”, agregó Fallon. “Nuestro seguro ha ayudado a que Puerto Rico recaude dinero para construir escuelas, hospitales y otros servicios públicos esenciales. Estamos orgullosos de esto. El futuro de Puerto Rico y la integridad y transparencia de los mercados capitales requieren que los suscriptores tengan que rendir cuentas”, puntualizó.
