Dominic Frederico, presidente de Assured Guaranty.
Por Luisa García Pelatti
Si la reestructuración de la deuda de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) permitió que los tenedores de bonos recuperaran un 93% de su inversión, la reestructuración de las deuda de los bonos de Obligaciones Generales (GO’s), que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, debe tener una quita aún menor. Eso es lo que opina Dominic Frederico, presidente de Assured Guaranty, compañía que asegura unos $5,400 millones en bonos de Puerto Rico.
Durante una conferencia con analistas para discutir los resultados financieros de la aseguradora del 2018, Frederico hizo referencia a la reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico.
El presidente de la aseguradora de bonos comentó que la tasa de recuperación del 93% en el acuerdo para reestructurar la deuda de COFINA (el 2 de febrero) es un buen augurio de cara a la reestructuración de la deuda de GO”s, que tiene prioridad de pago.
“Si están de acuerdo en aceptar dar $0.93 por los bonos senior de COFINA, ¿qué no van a dar por los bonos de Obligación General?”, comentó el ejecutivo, que dijo que “creemos que la constitución de Puerto Rico requiere que los tenedores de bonos de GO’s reciban el 100% del pago de su capital e intereses antes de cualquier otra reclamación o gasto”.
La Junta de Control Fiscal ha objetado ante el tribunal más de $6,000 millones de deuda en bonos GO’s. La objeción afirma que la Deuda Inválida fue emitida en violación a la Constitución de Puerto Rico y debe ser declarada nula y sin efecto. Assured Guaranty tiene asegurados $369 millones de esta deuda.
La aseguradora criticó que la Junta no haya incluido el servicio de la deuda en el Plan Fiscal certificado, lo que calificó como un “comportamiento absolutamente patético”. “Solo están haciendo el juego para tratar de obtener la mejor oferta posible en el mercado. Y gracias a Dios, no vamos a jugar ningún juego, estamos más que felices de permanecer en los tribunales y hacer que se respete nuestro estado de derecho”, apuntó Frederico.
Sobre las negociaciones para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Frederico opina que es una transacción más fácil de resolver y que insistirán en el nombramiento de un síndico. “Volveremos a los tribunales, creo que en mayo. Creo que eso (el nombramiento de un síndico) va a ser un verdadero acelerador de un acuerdo, porque creo que lo último que van a querer es tenernos detrás de la puerta”.
Assured Guaranty es uno de los demandantes que cuestionó la legalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal.
El 15 de febrero, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que el proceso que estableció la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para nombrar a los miembros de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional.
El Tribunal otorgó al Senado de Estados Unidos y al presidente Donald Trump 90 días para resolver la ilegalidad de los nombramientos. En ese periodo, la Junta puede seguir operando.
