Herrera también habría intentado sobornar a Pierluisi en una operación encubierta del FBI
Por redacción de Sin Comillas
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó ayer a la exgobernadora Wanda Vázquez acusada de participar en un supuesto esquema de soborno por intentar intervenir en una investigación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la entidad reguladora de los bancos en la Isla.
También había una orden de arresto contra Julio M. Herrera Velutini, ciudadano venezolano y presidente de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, una entidad bancaria internacional que operaba en Puerto Rico desde 2009. El banco, que estaba bajo investigación desde 2016, fue liquidado por la OCIF el pasado mes de mayo. Tras conocerse las acusaciones, Herrera renunció a su posición en el banco.
Una tercera orden de arresto era para Mark Rossini, agente del FBI (entre 1991 y 2008) y asesor de Herrera. Estas dos últimas detenciones no pudieron realizarse porque ambos se encuentran fuera de Puerto Rico. Rossini está en España y Herrera en Londres. Vázquez, Herrera y Rossini enfrentan cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Herrera de interferir en las funciones de OCIF y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) mediante el pago de sobornos entre 2019 y 2021 para financiar la campaña electoral de Vázquez.
El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó al arresto de Vázquez con las siguientes declaraciones: “hoy vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico. Ante esta noticia que ciertamente afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo, reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique a quien sea, así como promoviendo iniciativas y dando seguimiento a los proyectos de ley que he presentado para combatir la corrupción. Todos tenemos que estar unidos en contra de este mal social y bajo mi Administración hay cero tolerancia contra la corrupción”.
Herrera, Rossini y otras personas habrían conspirado para sobornar a la entonces gobernadora Wanda Vázquez. A través de pagos (unos $350,000) a terceros (una firma internacional de consultoría y cabildeo con oficinas en EEUU, Reino Unido y Australia, un consultor político y un comité que agrupa las donaciones de la campaña electoral de Vázquez, conocido como Súper PAC), que elaborarían un estudio y unas encuesta para apoyar la campaña de elección de Vázquez, intentaron influenciar para destituir al entonces Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner (nombrado en 2017) y lograr el nombramiento de alguien cercano a Herrera.
On or about January 15, 2020, Rossini reiterated to the partners at the International Consulting Firm that HERRERA would be paying for their services, emailing International Consulting Firm-Partner1 and International Consulting Firm-Partner2, in part, “As an update Julio H., met with the current Governor and her Chief of Staff yesterday. The Governor is very excited about the prospect of utilizing [the International Consulting Firm] for her re-election campaign,” and “[t)he campaign is actively raising funds, and will pay for a portion of [the International Consulting Firm]’s services. The bulk of the payment will be done by Julio H., and similarly wealthy individuals here whom are creating a super PAC. Julio H. will personally fund anything which is not covered by the campaign or PAC.”
En julio de 2019, mientras Joyner dirigía OCIF, se inició un examen ordinario de las operaciones de Bancrédito. En ese examen se revisaron las operaciones de la entidad de 2016 a 2020. Joyner fue destituido por Vázquez el 28 de febrero de 2020. El 14 de mayo se nombra a esa posición a Víctor Rodríguez Bonilla, que había sido consultor de Bancrédito.
El mismo día de la destitución de Joyner, Vázquez se reunió en un hotel del Condado con Herrera; Rossini; John Blakeman (un recaudador de la campaña electoral de Vázquez que en marzo se declaró culpable de soborno tras un acuerdo con la fiscalía federal); Frances Díaz, presidenta de Bancrédito (también se declaró culpable en marzo); individuo A y C y los socios de la firma de consultoría internacional para presentar sus servicios en apoyo a su campaña electoral).
El examen de las operaciones del banco concluyó en septiembre de 2020 y se encontraron numerosas irregularidades, entre ellas transacciones sospechosas que el banco no reportó como requiere la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Varias de esas transacciones eran de cuentas propiedad de Herrera.
In or around January 2020, Blakeman, acting at the direction of HERRERA, told VAZQUEZ during one or more in-person meetings in the District of Puerto Rico that The Bank wanted OCIF Commissioner A removed from his position.
Cuando Pedro Pierluisi llegó a La Fortaleza en enero de 2021 nombró a Natalia Zequeira Díaz para dirigir OCIF. El 21 de diciembre del 2021, OCIF multó a Bancrédito por el incumplimiento de varios requisitos regulatorios identificados en un examen realizado en el 2019. La entidad y OCIF firmaron un acuerdo o “enforcement action”. Cinco meses después, Bancrédito no había cumplido lo acordado en el “enforcement action”. En mayo, OCIF ordenó la liquidación de Bancrédito.
El pliego acusatorio, de 42 páginas, ofrece detalles de numerosos mensajes de textos, correos electrónicos y detalles de reuniones realizadas en La Fortaleza y en un hotel del Condado.
On March 3, 2020, HERERRA sent a text message to ROSSINI about the need for a “campaign manager,” and how he “didn’t want then to put a monkey from Puerto Rico.” ROSSINI responded that the International Consulting Firm would find someone from Washington, D.C., and that “[wle need someone that is ours.
Después de que Vázquez perdiera las elecciones primarias, Herrera y otros habrían conspirado para sobornar al gobernador Pedro Pierluisi, según detalla el pliego acusatorio. Mediante una operación encubierta, se logró que Herrera se comprometiera a pagar $50,000 al comité electoral de Pierluisi (Public Official A, que ganó las elecciones en enero de 2021) a cambio de intervenir en la investigación que llevaba a cabo OCIF sobre Bancrédito.
After VAZQUEZ lost the primary election in or around August 2020, HERRERA financially supported the gubernatorial campaigns of both Public Official A and Public Oficial A’s opponent in the general election. Public Official A won the general election in November 1920. After the general election, HERRERA and his co-conspirators, including Blakeman and Diaz, attempted to bribe Public Official A with financial political support in exchange for a specific act, to wit: Public Official A directing and exerting influence on certain public officials at OCIF in a manner benefitting HERRERA