Por redacción de Sin Comillas
En reacción a las expresiones de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reproducidas en medios de prensa sobre los casos de contratación ilegal de servicios de arquitectura o ingeniería por las entidades públicas, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, exigió acción de la Contralora y del Departamento de Transportación y Obras Públicas para enfrentar la anarquía aparente en la contratación de servicios para obras públicas.
“Si bien es cierto, como expresa la Contralora, que su Oficina no puede indicarle a las agencias y sus funcionarios con quién contratar, no es menos cierto que es la Oficina del Contralor la que publica la guía para “Construcción de Obras y de Mejoras Permanentes en el Gobierno”, que constituye la principal referencia de consulta de los funcionarios públicos para conocer sobre los procesos que deben seguir”, alertó Alberto Lastra, presidente del Colegio. “Esa guía no solo no se revisa desde mayo de 2006, sino que adolece por omisiones o errores significativos que atentan contra la adecuada aplicación de las leyes y reglamentos aplicables”, añadió Lastra.
Cuando menos desde enero, el Colegio ya advertía a la Oficina del Contralor que el Registro de Contratos reflejaba que entidades públicas mantenían contratos para servicios técnicos de diseño en contravención de lo dispuesto por la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, que gobierna las prácticas de arquitectura, arquitectura paisajista, ingeniería y agrimensura. “Con el beneficio de las opiniones vertidas por el Secretario de Justicia, obtenidas incluso a instancias de la propia Oficina del Contralor, antes que esperar por la detección de una posible falta en el negocio público, corresponde a la Oficina del Contralor hacer igual de efectiva su labor de prevención”, recalcó Lastra.
Agrava la situación, en opinión del Colegio, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, haya descontinuado los trabajos ordenados por La Ley Núm 218 para la Contratación Uniforme, aprobada en diciembre de 2010. La misma dispuso para que se redactaran y adoptarán contratos estándares con proveedores de servicios de diseño, supervisión, inspección, gerencia y para la construcción de obras propiamente, para todas las entidades públicas. “No adoptar contratos uniformes y velar por su actualización periódica es un acto que invita a la ineficiencia y el despilfarro en la utilización de los recursos públicos, a la vez que contribuye, como hemos visto, a derrotar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables”, concluyó el presidente del Colegio.
