Alberto Lastra, presidente CAAPPR.
Por redacción de Sin Comillas
El presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Alberto Lastra Power, sentenció que “el toallazo que tiró el Departamento de Justicia al senador Roger Iglesias, promueve la práctica ilegal de la profesión, además de la contratación ilegal de obras y servicios públicos”.
Lastra se refirió al primer apartado de la primera cláusula del contrato suscrito entre el Municipio de Guayama y el senador Iglesias, que específicamente requería prestar servicios de inspección de proyectos de construcción, para denunciar que “el abierto desdén por la letra de la ley, por la misma institución que es llamada a vindicar la efectividad de las leyes en el país, es una invitación abierta a la anarquía que no tiene cabida alguna en nuestra industria”.
Justicia, según Lastra, ignoró que la Ley 173 del 12 de agosto del 1988, establece claramente que solo arquitectos o ingenieros pueden utilizar los títulos de arquitectos o ingenieros licenciados y pueden contratar con el público para ofrecer los servicios de sus respectivas prácticas. “Por si fuera poco, especifica que nadie puede servir de intermediario para contratar servicios profesionales de arquitectura o ingeniería, argumento que, inexplicamente, utiliza Justicia para eximir al senador de responsabilidad en este caso”.
Tanto la Ley de Certificaciones de Planos para Proyectos de Construcción como el Reglamento Conjunto de Permisos establecen que la inspección de una obra de construcción es un servicio de arquitectura o ingeniería que puede ser ejecutado solo por un ingeniero o arquitecto licenciado de acuerdo a las leyes de Puerto Rico.
“El Departamento de Justicia acaba de invitar a todas las agencias y municipios del país, por no decir particulares privados tambien, a que cuando quieran contratar un servicio de arquitectura o de ingeniería, lo hagan con cualquier Fulano, siempre que el Tal Fulano se busque a terceros licenciados para prestar el servicio, para lo que no habrá consecuencia alguna. Habrá que suponer que la vara será la misma para el resto de las profesiones con las que contrata el gobierno: abogados, contables y médicos, entre tantos otros”, añadió Lastra.
Finalmente, Lastra cuestionó la posición pasiva de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, responsable por interpretar en primera instancia la ley habilitadora de la profesión. “Sin la defensa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en éste y otros casos, no imaginamos los efectos que pueda tener la colusiva actuación de las agencias del Estado para derrotar el estado de derecho en lo concerniente a nuestras prácticas y, sobre todo, a la pulcritud del negocio público”, concluyó Lastra.
