Por redacción de Sin Comillas
El proyecto HR 5278 (“Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”)- que provee a Puerto Rico un mecanismo legal para reestructurar sus deudas de forma ordenada e impone una junta de control fiscal, fue aprobado esta tarde en votación bipartidista con 297 votos a favor y 127 en contra. La medida pasará ahora al Senado de Estados Unidos.
Se presentaron ocho enmiendas. Entre las enmiendas aprobadas están la que permite a la junta de control fiscal revisar los hallazgos de la comisión que estudia la legalidad de la deuda; la que exige al U.S. Government Accountability Office (GAO) un informe sobre las deudas de los territorios y un estudio sobre el origen de la crisis; y la ampliación del programa HUBZone.
El propósito principal de esta enmienda es aumentar la actividad económica de las pequeñas empresas en la Isla y promover la creación de empleos en Puerto Rico, a través del programa HUBZone, que apoya a comunidades con dificultades económicas en toda la nación. Si la tasa de pobreza o de ingreso promedio en el censo cualificado cumple con el parámetro establecido, se le designa como “área cualificada del censo”.
Las pequeñas empresas situadas en el “área cualificada del censo” pueden competir con preferencia para contratos federales, asumiendo que cumplen con todos todos los demás criterios establecidos por ley.
Sin embargo, hay un tope estatutario que no permite que la población de las “áreas cualificadas del censo” en una “Área Estadística Metropolitana (MSA, por sus siglas en inglés)” exceda el 20% del total de la población de esa MSA. Aunque el tope aplica a nivel nacional, tiene un impacto especialmente negativo en Puerto Rico.
En 2013, sobre 500 de las 945 “áreas cualificadas del censo” hubieran cualificado si no fuera por el tope aplicable a las MSA. Pequeñas empresas localizadas en más de 60 municipios en Puerto Rico no pueden aprovechar el programa HUBZone por ese tope. “Ningún otro estado o territorio es afectado de forma tan adversa por este tope como Puerto Rico”, explicó Pedro Pierluisi, Comisionado Residente.
Para promover el desarrollo económico en Puerto Rico, la enmienda eliminaría este tope para Puerto Rico por 10 años o hasta que la Junta de Supervisión Independiente establecida por PROMESA concluya, lo que ocurra primero. Basado en las mejores estadísticas disponibles, esta enmienda asegura que las pequeñas empresas situadas en más del 80% de las “áreas cualificadas del censo” en Puerto Rico puedan ser elegibles para competir.
Fue derrotado el intento de los demócratas de excluir del HR 5278 una propuesta para permitir al Gobernador de Puerto Rico reducir el salario mínimo a menores de 25 años. Los nombramientos de la junta de control fiscal deben hacer antes del 15 de septiembre.
“No me gusta el proyecto de ley aprobado esta tarde en la Cámara de Representantes federal, pero también reconozco que brinda una solución a nuestra insolvencia. Aunque imperfecta, la medida es la alternativa menos nociva para el pueblo de Puerto Rico. La crisis fiscal que heredamos no nos deja otras opciones. Nos ha colocado en esta encrucijada y como gobernador del Estado Libre Asociado tengo la obligación de mantener un gobierno operando y brindando servicios”, dijo el gobernador Alejandro García Padilla.
“Durante meses le hemos solicitado al Congreso que le provea a Puerto Rico las herramientas necesarias para reestructurar la totalidad de nuestra deuda y encaminar nuestra economía. El proyecto PROMESA nos provee algunas de esas herramientas, sin embargo, el precio que nos requiere pagar es uno excesivo que podría trastocar nuestras facultades de autogobierno. El proyecto de ley según aprobado por la Cámara baja, no respeta la autonomía de Puerto Rico, ni siquiera el grado de gobierno propio que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció en el día de hoy. Por otro lado, la medida otorga una moratoria de 8 meses de demandas, que nos protegerá del caos que se producirá ante el impago inevitable que se avecina el 1ro de julio”, añadió.
García Padilla busca que se aprueben enmiendas para modificar los poderes de la Junta de Control y se convierte en una junta de supervisión. “PROMESA es el primer paso en el largo camino de la recuperación de nuestro país. Insto al Senado de Estados Unidos a evaluar enmiendas para mejorar la medida, así como reconocer la magnitud de nuestra situación y actuar sobre este proyecto antes de que concluya el mes corriente”.
“Este proyecto de ley es un paso esencial, pero no es la solución duradera. El gobierno federal, al igual que el de Puerto Rico, deben aceptar un hecho fundamental. Mientras mis constituyentes sean tratados como ciudadanos de segunda clase, Puerto Rico nunca tendrá una economía de primera. Puerto Rico tiene que convertirse en un estado para ser un miembro igual de la familia estadounidense, lo que es el próximo paso lógico; o Puerto Rico debe unirse a la comunidad de naciones como un país soberano. Puerto Rico merece tener democracia plena y dignidad plena—no merece menos”, señaló Pedro Pierluisi, Comisionado Residente, durante la sesión.
