Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.

Por redacción de Sin Comillas

La entrada en vigor del nuevo marco fiscal internacional, incluyendo la aplicación de un impuesto mínimo del 15%, presenta un retraso y todo apunta a que tendrá lugar en 2024, en vez de en 2023 como se había previsto, según ha confirmado el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, en un informe dirigido a los ministros de Finanzas del G20 antes de la reunión que mantendrán en Indonesia este fin de semana.

“Se trata de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos nuevos que reforman fundamentalmente los acuerdos fiscales internacionales, para hacerlos más justos y funcionar mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada”, señaló el secretario de la OCDE, quien defendió que la organización se tomará todo el tiempo que sea necesario “para establecer las reglas correctamente”.

Explicó que el trabajo técnico del “Pilar 2”, que introduce un impuesto global mínimo a las corporaciones del 15%, “está en gran parte completo”, con un marco de implementación que se publicará a finales de este año para que los países puedan incluirlo en su legislación.

Según cálculos de la OCDE, el “Pilar 2”, con su impuesto mínimo del 15%, generará anualmente unos $147,000 millones en ingresos fiscales en todo el mundo.

El retraso en la puesta en vigor del impuesto mínimo global le da más tiempo a Puerto Rico para poner en orden sus asuntos. Si Estados Unidos adopta la tasa mínima de 15%, Puerto Rico estaría “técnicamente en violación con ese acuerdo”, aseguró en diciembre del año pasado Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda. Puerto Rico tiene un programa de incentivos con tasas contributivas tan bajas como 2% o 0%.

La adopción de una tasa contributiva mínima del 15% significaría que se tendrían que reabrir esos decretos y negociar con las compañías. Las tasas actuales (que otorgan los decretos) estaría en directa violación al 15%. Muchas empresas que operan en Puerto Rico podría decidir irse cuando se apruebe este impuesto, opina Fuentes.