Por redacción de Sin Comillas
Utilizar energía de fuentes renovables generará ahorros de hasta $240 millones en producción de energía para el 2020, pero para obtener estos ahorros es necesario que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cumpla con los requerimientos de la Ley 82, que estipula que para el año 2015 la producción de energía renovable debe ascender a 12%. Actualmente, sólo el 2% de las ventas de energía eléctrica de Puerto Rico proviene de fuentes de energía renovables, según los resultados de un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos, Inc. para la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER).
Actualmente, hay cuatro proyectos en operación con capacidad de 123.1 MW y se encuentran en diversas etapas de desarrollo sobre 63 proyectos con una capacidad de 1,637 MW, que cuentan con un “Renewable Power Purchase and Operating Agreement” con la AEE. La mayoría de estos proyectos son eólicos y solares. Los proyectos podrían generar una inversión de $5,400 millones y la creación de 19,000 empleos de aquí al 2020.
La preocupación principal de la APER es que existen diversas barreras reglamentarias y técnicas que están impidiendo la ejecución y cumplimiento de la Ley 82, principalmente los requerimientos mínimos técnicos y la política de uso de suelo.
“Los Requisito Mínimos Técnicos (MTR), a pesar de que definen parámetros y valores a alcanzar y mantener, en particular los relacionados a frecuencia y cambio de potencia por minuto, tienen deficiencias al no definir aspectos fundamentales como: la metodología de cómo se van a medir; qué constituye cumplimiento; acciones a tomar en eventos de incumplimientos; remediación; entre otros. Estos elementos son esenciales para finalizar diseños, obtener aprobación de la AEE y asegurar financiamiento. Los aspectos relacionados con el uso de terrenos se han ventilado públicamente por líderes de agencias gubernamentales y legislativos. Estas posturas crean dudas en cuanto a la posibilidad de que los proyectos se aprueben sobre los terrenos ya identificados, separados y hasta en algunos casos adquiridos. Al momento de la firma de los acuerdos de compra de potencia y operación (PPOA), estos terrenos cumplían con los parámetros de cumplimiento existentes”, destaca el estudio.
“Es sumamente importante cumplir con la Ley 82; pero debemos de ampliar nuestro horizonte más allá de esta ley. Independientemente de que logremos cumplir con ella o no, debemos estar convencidos de que la energía renovable es buena y necesaria para Puerto Rico por múltiples razones”, señaló Julián Herencia, director ejecutivo de APER.
El costo de generación de energía eléctrica de la AEE, sumado al costo de mantenimiento es de 20.13 centavos kilovatio. Mientras, el principal elemento de ese costo es la compra de combustible, que promedió 18.39 centavos kilovatio durante los primeros seis meses del año fiscal 2013, de acuerdo con el análisis de ET. Se estima que el costo de la energía renovable será de un promedio de 14.4 centavos por kilovatio; por lo tanto, el ahorro en el costo de compra de energía podría fluctuar entre 5 centavos a 8 centavos kilovatio-hora.
Por otra parte, el estudio también puntualiza el beneficio ambiental y a la salud de la ciudadanía de cumplir con la Ley 82. En ese sentido, señala que para el 2015, considerando que se produzcan 2,208.50 millones de KW/h, se dejarían de emitir 1,717,629 toneladas de C02 y 416,812 libras de gases tóxicos. En tanto, para el 2020, al producir 2,984.80 millones de KW/h, se dejarían de emitir 2,321,386 toneladas de CO2 y 521,014 libras de sustancias tóxicas.
“Este estudio no hace otra cosa que validar los preceptos que hemos estipulado por los pasados meses respecto a los beneficios para todos los puertorriqueños, no solamente de cumplir con la Ley 82, sino de encauzar los proyectos de energía renovable que están propuestos, bajo un marco de política pública energética clara y confiable”, manifestó Herencia, al insistir en que nuestro norte no debe ser cumplir estrictamente con lo que nos dice la Ley 82. Por el contrario, si nuestro norte es el bienestar de todos los que vivimos aquí, debemos cumplir con ella y sobrepasar esos requisitos energéticos y ambientales”.
Asimismo, añadió que el hecho de no validar los proyectos que ya tienen contrato con la AEE, “crea un ambiente de incertidumbre y de desesperanza entre los inversionistas, no solamente de aquellos que vienen del exterior, sino también del local. Es más, si encaminamos las iniciativas de energía renovable conforme a la ley y en armonía con el medioambiente y la agricultura, tal como están propuestos, Puerto Rico podría convertirse en un ejemplo para el resto del mundo, en especial para los países hermanos en el Caribe, de cómo promover, diseñar, construir y operar este tipo de instalación”.
