Fincas de semillas transgénicas en Juana Díaz. Foto: Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo
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La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones.
Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado.
La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.
Es decir, según la ley, el gobierno de Puerto Rico sí podría hacer público el informe de los subsidios. Aún la misma Junta de Control Fiscal podría publicarlo siempre que no dé información específica sobre algún contribuyente.
“Hay alternativas a la publicación de los gastos fiscales sin poner en juego ese tipo de información. El gobierno federal de Estados Unidos publica anualmente un informe con los costos fiscales, y 44 de los 50 estados también publican informes detallados”, sostuvo Nuria Ortiz, directora ejecutiva de EA en su carta a José Carrión III, presidente de la Junta.
En una mesa redonda, integrantes de EA explicaron que las exenciones y tasas contributivas preferenciales que se entregan a las empresas se equiparan al desembolso de fondos públicos, porque siguen siendo un gasto fiscal.
“Sólo con un informe de gastos fiscales podremos corroborar que las decisiones para alterar, eliminar o mantener estos gastos fiscales responden a políticas de desarrollo socioeconómico razonables y no a intereses especiales o a prácticas clientelistas”, indicó Ortiz.
Junto con la carta, EA entregó al ente gubernamental un informe que usa como ejemplo el caso de los más de $526 millones regalados durante la década de crisis fiscal a empresas multimillonarias de biotecnología agrícola como Monsanto. La información fue publicada por el Centro de Periodismo Investigativo en la serie Paraíso transgénico. “Estos mismos datos se pudieron haber obtenido más fácilmente si disfrutáramos de lo que debe ser un derecho de cualquier ciudadano y una obligación de cualquier gobierno: la transparencia, la rendición de cuentas, y la libre y ágil accesibilidad a la información”, indica el informe.
Las empresas Monsanto, Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences, Bayer CropScience, Dupont-Pioneer, AgReliant Genetics, Mycogen Seeds y RiceTec han recibido subsidios, incentivos, exenciones y tasas contributivas preferenciales. Su expansión ha sido considerable, al punto de que la mayoría ya domina más de los 500 acres que permite la Constitución de Puerto Rico a empresas agrícolas. No sólo controlan la tierra por medio de contratos de alquiler, sino porque compran fincas, según la investigación del CPI. Arriendan el 14% del área pública en el corredor agrícola entre Guayama y Juana Díaz. Pero no usan la tierra para producir comida, sino principalmente para experimentos con maíz y soya transgénica resistente a yerbicidas, que no se cultivan en la Isla.
El senador por el Distrito de Guayama y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Rodríguez, radicó la Resolución del Senado 248, para aclarar la doble vara con la que se considera a las semilleras para beneficiarlas en ambos casos, sostuvo.
“A alguien que le has dado un dulce y se lo quitas no le va a agradar mi medida. Pero mi medida no va dirigida a ellos, sino a ayudar la maltrecha economía de estos municipios”, indicó el senador Carlos Rodríguez. “Lo que pido es que estas empresas compartan su ganancia millonaria. No hay que poner toda la carga al ciudadano pobre, al que tiene que estirar el peso, que le estamos exigiendo sacrificio día tras día”.
El Departamento de Agricultura local considera a estas multinacionales como “agricultores bonafide”, por lo que pueden recibir incentivos, subsidios y tratos contributivos preferenciales del país en bancarrota. Por otro lado, el Departamento de Justicia no las considera agricultores, sino empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo, por lo que pueden controlar más del límite de 500 acres de tierra que permite la Constitución de Puerto Rico.
“Cuando yo era alcalde en Salinas, la Pioneer hizo una expansión de su laboratorio y ni siquiera le pudimos cobrar arbitrios. No es lo mismo ser un agricultor pobre de la Isla, que para eso es que se hizo el incentivo de agricultor bonafide, que un pulpo millonario que no paga patentes, no paga arbitrios, no le pagan al CRIM”, indicó el senador. “Es muy difícil que en un municipio se establezcan industrias. Y si luego que se establecen no van a dejar dinero, pues no estás resolviendo nada. Se ha desvirtuado el propósito de los incentivos”.
La resolución fue referida a la Comisión de Asuntos Internos del Senado el 27 de abril. Ese mismo día, el senador Juan Dalmau, miembro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), refirió un proyecto de ley separado, el P del S 441. Éste busca que toda persona o corporación que trabaje con un cultivo, independientemente de que sea para producir comida o para experimentos, sea considerado agricultor, para que les aplique la limitación constitucional de los 500 acres. La medida ordena además un estudio para medir el retorno de la inversión del Gobierno en este sector industrial. Un proyecto de ley similar, el P de la C 996, radicado por el representante Denis Márquez Lebrón, del PIP, apareció en primera lectura de la Cámara el 8 de mayo.
“Hay casos de agricultores locales que quieren alquilar esas tierras y no pueden, porque ya las tienen las semilleras”, dijo Víctor Alvarado, asesor ambiental del senador Dalmau.
La Resolución del Senado 216, de Nelson Cruz Santiago (Distrito V de Ponce), concentra su medida investigativa en el municipio de Juana Díaz, donde Monsanto, Syngenta e Illinois Crop llevan a cabo experimentos. Las semilleras controlan el 33% de toda el área agrícola en este pueblo, según la investigación del CPI.
Esta resolución fue referida a la Comisión de Asuntos Internos del Senado el pasado 3 de abril. “Después de radicar la moción, he recibido múltiples llamadas de Monsanto, y de un grupo de abogados de varias corporaciones, y le dije que no tengo problemas de recibirlos. Pero no voy a cambiar el curso de la investigación”, añadió el senador.
La Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de 2009 instaura una política pública para incentivar al sector industrial por todos los medios posibles, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas. El proyecto fue aprobado bajo la administración del exgobernador PNP Luis Fortuño, y uno de sus autores fue el representante Carlos Johnny Méndez, quien ahora preside la Cámara.
“Mi partido ha hecho cosas buenas y malas. Y una legislatura no es lo misma que la otra”, dijo el senador Nelson Cruz Santiago, del PNP. “Si esa ley de promoción no es correcta, y si después de nuestra investigación resulta que estas empresas deben pagar más, que los beneficios que reciben son injustos, lo atenderemos. Si sus experimentos afectan el ambiente, daremos la batalla”.
