Por Luisa García Pelatti
El Gobierno reconoce que no tiene suficiente liquidez para hacer frente a los pagos de deuda que se venden en mayo y julio. Aunque continúa negociando con los acreedores, y hoy les presenta una propuesta revisada, advierte que si no alcanza un acuerdo antes de los vencimientos podría decretar una moratoria en los pagos próximos a vencerse, ya sean del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) o de otras agencias.
Recordemos que la semana pasada, el Gobierno aprobó una Ley de Moratoria y declaró un período de emergencia para el BGF, pero no ha declarado un moratoria en los pagos. Durante el periodo de emergencia, el BGF no puede desembolsar más de $10 millones mensuales.
La liquidez del BGF estaba en $600 millones en el mes de febrero, según informó ayer Melba Acosta Febo, presidenta del BGF.
Ninguna de las propuestas presentadas por los acreedores atiende el pago del BGF que se vence en mayo, por eso se necesita la moratoria.
Ayer, el equipo fiscal del Gobierno (Secretario de Hacienda, Presidenta del BGF, Secretaria de la Gobernación, Secretario de Justicia y Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto) se reunión durante casi tres horas con la prensa de negocios para dar detalles de la nueva Ley de Moratoria y de la Orden Ejecutiva.
Explicaron que la ley era necesaria para evitar que el BGF entrara en sindicatura, que era la única opción que contemplaba la ley orgánica del banco.
“La ley nos da tiempo, flexibilidad y herramientas”, dijo Juan Zaragoza. La ley permite pagar intereses durante ese periodo de emergencia.
La urgencia con la que se aprobó la ley fue para evitar una corrida de depósitos, admitió la presidenta del banco. “El BGF corría el riesgo de que algunas agencias de gobierno pudiesen vaciar el dinero del banco. Por eso fue que hubo que actuar”. La decisión se tomó en una junta extraordinaria del BGF.
También se decidió abrir cuentas en bancos privados para depositar los fondos federales.
El Secretario de Justicia, César Miranda, aclaró que aunque la ley de moratoria da poderes par expropiar, lo hace forma muy limitada y solo para evitar que empresas privadas dejen sin efecto contratos, por la insolvencia del BGF, que afecten a servicios esenciales.
Por su parte, Luis F. Cruz, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), indicó que está trabajando en el nuevo presupuesto que espera presentar a finales de este mes.
