Por redacción de Sin Comillas
Seis organizaciones demandaron al Gobierno por aprobar proyectos industriales de energía renovable que se construirán en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos.
En el recurso de ‘Mandamus’ presentado esta mañana, las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al Negociado de Energía, la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (Ddec) la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen “en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos”. Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.
El Negociado de Energía probó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.
Alertaron que queda “la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos” como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.
Las organizaciones demandantes denunciaron la falta de transparencia del Negociado que llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.
“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
“La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, indicó David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de 1.3 millones de cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Los demandantes son la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.
