Por Luisa García Pelatti
Los incentivos contributivos concedidos a las compañías farmacéuticas, a la agricultura y a la industria fílmica son económicamente convenientes porque los beneficios exceden ampliamente los costos. Sin embargo, no existe justificación económica para los incentivos contributivos concedidos a los desarrolladores de proyectos de viviendas, a los hoteles y a los hospitales. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado en el 2014 sometido a la Cámara de Representantes y dirigido por el economista Ramón Cao.
El informe explica que los incentivos surgieron en la década de los años cuarenta del siglo XX. Aunque la estrategia fue exitosa durante un tiempo, en la década de los setenta comenzó a mostrar signos de agotamiento. “A través de los años, al ir menguando la capacidad de la economía para generar niveles adecuados de crecimiento en empleo e ingreso, el gobierno de Puerto Rico respondió aumentando los incentivos contributivos, tanto en términos de ampliar los sectores a los que se les concede tratos tributarios preferentes, como en cuanto a la magnitud de esos incentivos”, apunta el informe.
En el año fiscal 2011, según el Departamento de Hacienda, se concedieron $339.8 millones en créditos contributivos.
Otro estudio de Cao (“Incentivos contributivos e inversión privada en Puerto Rico”) concluye que a través del tiempo se ha reducido sustancialmente la tasa contributiva efectiva a las corporaciones, como consecuencia de la multiplicidad de tratos tributarios preferentes a las empresas, pero que esa reducción no ha tenido ningún efecto sobre la inversión privada en Puerto Rico.
Pero el hecho de que los incentivos no hayan tenido un efecto sobre la inversión no significa que todos los incentivos sean inefectivos. Por eso era necesario evaluar los incentivos de forma individual.
El estudio analiza los beneficios de los incentivos para cada sector. Por ejemplo, concluye que los incentivos a las compañías farmacéuticas son económicamente convenientes; sin embargo, recomienda limitar los incentivos a la manufactura no farmacéutica solo a aquellas empresas que produzcan para exportación o que sustituyan importaciones.
En el caso de los incentivos al proyectos de cine se llega a la conclusión de que la estructura vigente de incentivos es socialmente conveniente.
Los incentivos contributivos concedidos a la industria de la construcción se divide en dos categorías: (1) aquellos que se conceden a los desarrolladores de proyectos de viviendas, y (2) los que están dirigidos a subsidiar los compradores de nuevas viviendas. En el caso de los primeros, “el beneficio social de los incentivos concedidos es menor que los costos sociales, por lo que no existe justificación económica para la concesión de estos incentivos”. Para los segundos, “sin bien parece que ha ocurrido alguna reducción marginal en el inventario de viviendas nuevas, es difícil determinar cuánto de esa reducción se puede adjudicar a los incentivos concedidos y cuánto a la contracción registrada en la construcción de nuevas viviendas”.
Los ingresos de los hospitales dependen de las tarifas que pagan las aseguradoras, por lo que esa estructura de tarifas, y la demanda de la población por sus servicios, son los determinantes para las decisiones de inversión, empleo y oferta de servicios de los hospitales. “Ello plantea dudas acerca de la efectividad de incentivos fiscales para la industria, toda vez que los problemas que puedan existir en ella tienen otros orígenes”. El análisis concluye que, con respecto a los incentivos a hospitales, los beneficios sociales son menores a los costos sociales. Tampoco se consideran justificados los incentivos contributivos a la industria hotelera. En cambio, sí se justifican los incentivos para promover la producción y el empleo en la agricultura.
