El Gobierno saliente recomienda la extensión de la moratoria y ampliar el periodo de paralización de demandas
Por Luisa García Pelatti
Al 30 de noviembre de 2016, al Gobierno le quedaban en la principal cuenta operacional (“Treasury Single Account” o TSA) $283.8 millones. Si se le restan los $169 millones en cheques listos para enviar queda un balance de $114.8 millones. En un informe financiero publicado ayer, advierte que necesitará medidas de emergencia para evitar quedarse sin dinero el 31 de enero de 2017.
La cifra no incluía los reintegros pendientes de pago por parte del Departamento de Hacienda a los contribuyentes, que ascendía, en esa fecha, a $143.9 millones, y que se pagaron esta semana. Por otro lado, el Gobierno tenía pagos pendientes a suplidores por valor de $1,600 millones al 30 de junio de 2016.
Con estas cifras, el Gobierno señala en un informe financiero publicado esta semana, que sólo le queda dinero para operar hasta que venza la moratoria, el 31 de enero de 2017. Si la moratoria se extiende, la precaria liquidez permitiría al Gobierno operar hasta el 31 de marzo.
Si el gobernador electo Ricardo Rosselló no extiende la moratoria, las proyecciones de liquidez indican que habría un balance negativo de $1,191 millones en febrero, cuando se vence el pago de más de $1,000 millones y el déficit de caja se elevará hasta $2,075 millones al llegar al mes de junio. Sin el pago de las deudas, el Gobierno llegaría a junio con sólo $91 millones en caja.
El Gobierno saliente recomienda la extensión de la moratoria hasta el final del año fiscal 2017. También debe tomarse en cuenta la necesidad de ampliar la paralización de demandas que ofrece la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta última opción requerirá acción por parte del Congreso de Estados Unidos si se descarta utilizar el Título III.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) publicó ayer un informe que provee información sobre los ingresos y gastos del gobierno durante los pasados ocho años fiscales. De igual manera, el mismo detalla los estimados de ingresos y gastos para el año fiscal 2017, la situación de los Sistemas de Retiro y los asuntos relacionados a la deuda del gobierno y sus instrumentalidades, como lo son la cantidad de deuda emitida, el servicio de deuda anual y los pagos que no se han realizado.
“La transparencia y acceso a la información financiera ha sido parte de la política pública de nuestra administración desde el día uno. La crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto. La publicación de este informe es un ejemplo adicional sobre nuestros esfuerzos en hacer disponible información financiera, más que cualquier otra administración en la historia”, afirmó Víctor Suarez Meléndez, secretario de Estado y director de la AAFAF.
Asimismo, el funcionario afirmó que la información demuestra la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de PROMESA, antes de que el gobierno quede desprotegido por la moratoria disponible a través de la ley, y así se pueda completar una reestructuración que permita un nivel de deuda sostenible.
