Por redacción de Sin Comillas
El Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), certificado la semana pasada por la Junta de Control Fiscal, continúa impulsando la privatización completa del sistema eléctrico, a pesar de la experiencia negativa con Luma y la falta de estudios económicos para justificar la privatización, señala la coalición Queremos Sol.
“La Junta de Control Fiscal sigue insistiendo en la necesidad de privatizar la generación de la AEE sin explicar cómo los contratos para la operación de las plantas existentes de combustibles fósiles van a acelerar la transición hacia la energía renovable, que la Junta también dice que es necesario”, planteó Ruth Santiago, portavoz de la coalición Queremos Sol. “La nueva empresa privada que traigan tendría como interés principal buscar cómo mantenerse operando las plantas y seguir cubriendo sus ganancias a costa del pueblo. Esto va a resultar eventualmente en más aumentos en la tarifa y en una continua dependencia en los combustibles fósiles”.
Solicitudes de información por parte de la organización CAMBIO dirigidas a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, la entidad que encabeza la privatización de las plantas, revelaron que nunca ha habido ningún estudio económico para analizar los costos y beneficios de esta privatización. “Todo lo de la privatización del sistema eléctrico ha sido un acto de fe”, enfatizó la líder ambientalista Myrna Conty, otra portavoz de la coalición Queremos Sol. “Y en el caso de Luma, hemos visto cómo este acto de fe nos ha traído más costos y un contrato con peor fiscalización”.
En el Plan Fiscal de la AEE, la Junta plantea que la transición hacia un operador privado para el sistema de generación resultará en un sistema más confiable, pero sin explicar cómo esto es cónsono con su decisión de recortar el presupuesto para el mantenimiento de las plantas por más de 20% por debajo de lo que pidió la AEE.
La coalición Queremos Sol señala que una de las compañías en la etapa final de licitación para la privatización de las plantas es New Fortress Energy, una compañía de gas “natural” metano. New Fortress ya tiene el contrato para suplir gas metano a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, y se ha metido en controversia por haber decidido construir su terminal de gas sin autorización de la Comisión Federal Regulatoria de Energía (FERC). Por otra parte, la AEE actualmente está reclamando a New Fortress por su falta de suplir gas natural a las unidades de San Juan entre octubre del año pasado hasta el fin de febrero, lo cual contribuyó a los aumentos tarifarios que los clientes están pagando.
“Es increíble que el gobierno de Puerto Rico está seriamente considerando otorgar otro contrato a una empresa que no ha cumplido con la ley federal y que no ha honrado sus obligaciones contractuales existentes con la AEE”, dijo Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de la organización El Puente. “Además, sabemos que por sus intereses, si New Fortress está interesado en obtener este contrato de privatización, tendría que ser para hacer nuevos proyectos de gas metano y no para acelerar las inversiones en energía renovable”.
Hace unos meses, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) publicó un informe sobre New Fortress Energy, en el que concluyó que su modelo de negocio es especulativo y riesgoso y que la compañía no ha podido cumplir con sus promesas en sus proyectos ya desarrollados en otros países del mundo.
Según la información pública más reciente, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas está en el proceso final de seleccionar un contratista y negociar el contrato para la operación privada de las plantas de la AEE.
