Por Redacción de Sin Comillas
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) invitó al público en general a participar de las “vistas públicas ciudadanas” sobre transparencia gubernamental que celebrará el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) el 19 y 20 de mayo en la sede de la institución en Miramar.
“Los proyectos del Senado 63 y 133 dificultarían el acceso a información gubernamental, afectando la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a fiscalizar al gobierno”, advirtió Carla Minet Santiago, directora ejecutiva del CPI.
“El CPI presentará una ponencia para alertar sobre el impacto negativo de los proyectos senatoriales número 63 y 331 relacionados al acceso a información pública. Instamos al público en general a solicitar turno para opinar sobre estas medidas que impactarán la manera en que la ciudadanía obtiene información del Gobierno”, comentó la directora ejecutiva del CPI.
El CPI destacó que el acceso a información ha sido clave en diversas investigaciones sobre el gobierno, incluyendo:
- Crisis de mortalidad tras el Huracán María: Mientras el gobierno reportó 64 muertes, las investigaciones periodísticas revelaron más de 3,000 fallecimientos.
- Irregularidades en el Registro Electoral: Se descubrió que personas fallecidas figuraban como electores activos.
- Corrupción y transparencia: Información pública ha permitido el análisis de contratos gubernamentales, salarios de empleados públicos y registros de cabilderos.
Proyecto del Senado 63
Presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el proyecto busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). Según el CPI, algunas de las propuestas pueden obstaculizar el acceso de la ciudadanía a información gubernamental.
Entre los principales cambios propuestos figuran:
- Aumento en los plazos de entrega: Los organismos gubernamentales tendrían hasta 40 días para responder solicitudes de información, en lugar del plazo actual de 10 días laborables. Esto retrasa el acceso y la fiscalización ciudadana.
- Requisito de notificación a jefes de agencia: Si la solicitud no se notifica correctamente, se consideraría defectuosa, lo que provocaría demoras innecesarias.
- Sanciones insuficientes: Se proponen multas de $100 diarios, con un límite de $18,000, una cifra que el CPI considera insuficiente para disuadir el incumplimiento.
- Restricción en formatos de entrega: Se eliminaría la posibilidad de solicitar información en formatos digitales accesibles, dificultando el análisis de datos por investigadores y periodistas.
- Nuevos requisitos arbitrarios: Se exigiría incluir dirección postal y correo electrónico en las solicitudes, afectando a ciudadanos sin acceso a estos recursos.
- Eliminación de la discreción judicial: Los tribunales no podrían reducir plazos en casos urgentes, lo que afectaría la eficiencia judicial.
- Cambio en el proceso de apelación: Se establece un recurso de apelación para agencias gubernamentales, dándoles hasta 60 días para recurrir una decisión.
El CPI enfatizó que la justificación del proyecto está basada en la Ley Federal de Libertad de Información (FOIA), ignorando que Puerto Rico tiene un marco constitucional diferente. A nivel federal, el acceso a información pública es una norma estatutaria, mientras que en Puerto Rico es un derecho constitucional, según el caso Soto v. Secretario de Justicia (1982).
Proyecto del Senado 331
Este proyecto busca modificar la Ley del Registro Demográfico (Ley 24-1931), que regula el acceso a registros vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones. La propuesta ha generado preocupación en el CPI debido a su impacto en la transparencia y la posibilidad de restringir el acceso a datos esenciales.
El CPI ha litigado cinco veces contra el Registro Demográfico para acceder a bases de datos de mortalidad y ha ganado cada caso. Según la organización, el PS-331 se fundamenta en premisas incorrectas:
- No se ha demostrado que las solicitudes de acceso realizadas por periodistas, investigadores o académicos hayan causado problemas que justifiquen la medida.
- La ley vigente ya establece controles para evitar divulgaciones indebidas de información confidencial.
- La restricción del acceso a estos datos afectaría investigaciones clave sobre desastres naturales, crisis de salud pública y transparencia electoral.
“El impacto de estas medidas toca al ciudadano particular tanto como a organizaciones comunitarias, periodistas e investigadores. Es importante contar con la opinión del público y tener el beneficio de sus experiencias tratando de obtener información, documentos y datos del Gobierno. Por eso estamos participando de esta iniciativa del CAAPR, para que estas medidas no pasen por desapercibidas ni sean aprobadas sin contar con nuestras opiniones”, señaló la portavoz del CPI.
Las vistas son auspiciadas por las comisiones de jóvenes y de derechos humanos civiles y constitucionales del CAAPR. Los dos días de audiencias se transmitirán en directo por Facebook en la página del CAAPR.
