El Programa de Retiro Incentivado beneficiará a sobre 1,200 empleados públicos

Por redacción de Sin Comillas

El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal radicaron una estipulación para la implementación parcial de la Ley 80-2020 (Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos). La medida beneficiará a cerca de 1,240 empleados públicos de las leyes 1 y 447, cuyas plazas fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos.

Los 1,240 empleados elegibles, pertenecientes a 57 agencias y corporaciones públicas, podrán retirarse con un 50% de su retribución anual más alta de los últimos 3 años. Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas.

El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024. En las próximas semanas, tanto los empleados elegibles como las entidades gubernamentales estarán recibiendo instrucciones sobre cómo proceder durante el periodo de implementación.

El acuerdo requiere la aprobación del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación. Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado.

Previo al acuerdo, las agencias afirmaron y certificaron que la eliminación de los puestos no esenciales no tendría impacto adverso en los servicios al pueblo y que los mismos no serán reemplazados, recreados o reestructurados en un futuro ya que de esta forma es que se garantizan los ahorros proyectados.

“Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados  elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%, a la vez logramos ahorros significativos para el Gobierno. Una vez más cumplimos nuestro compromiso al demostrar la viabilidad de la implementación parcial de la Ley para que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno tras dar los mejores años de su vida al servicio del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador, Pedro Pierluisi.