Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Abogados, que agrupa cerca de 3,000 abogados y notarios en Puerto Rico, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de sentencia declaratoria impugnando la constitucionalidad del Artículo 86 de la Ley 52-2022 firmada por el Gobernador el pasado 30 de junio de 2022.
El artículo requiere a los notarios solicitar para otorgar una escritura de segregación, agrupación o traslación de dominio de un bien inmueble el precio de tasación con una tasación realizada por un Evaluador Profesional Autorizado con licencia en Puerto Rico, un plano de mensura y un estudio de título de propiedad.
La Asociación sostiene que dicho requisito fue incluido de forma inconstitucional a la Ley 52-2022 el última día de la sesión ordinario a pesar de que no tiene relación alguna con la medida legislativa. Los abogados de la Asociación son Ramón Rosario Cortés y Ferdinand Ocasio Vélez.
Ocasio, presidente de la Asociación, aseguró que “esta medida afecta a nuestros notarios al imponerle requisitos adicionales para el otorgamiento de una escritura sobre el dominio de un inmueble”. La Ley 52-2022 fue un proyecto del gobernador. Los nuevos requisitos a los notarios los añadió la Asamblea Legislativa el último día de sesión ordinaria sin el aval del Ejecutivo y sin relación con la medida de administración.
Por su parte, Rosario Cortés añadió que “la Sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico requiere que las leyes tengan solo un asunto en general y disposiciones germanas. La Ley 52-2022 es una medida contributiva del Gobernador para sustituir el impuesto de las entidades foráneas legislado por la Ley 154-2010 y no tiene relación con requisitos de tasación en la compraventa de un bien inmueble”.
