Por redacción de Sin Comillas
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (CFP) iniciaron el proceso de solicitud de votos para obtener la aprobación de los acreedores de la Modificación Calificada de deuda de esta corporación pública bajo el Título VI de la Ley PROMESA.
Esta solicitud forma parte del Acuerdo de Reestructuración del 20 de enero de este año, previamente anunciado, entre la AAFAF, la CFP, la Junta de Control Fiscal y ciertos tenedores de bonos de la CFP.
La CPF fue creada en el 1984 por el extinto Banco Gubernamental de Fomento para brindar a las agencias del gobierno central un mecanismo alterno para satisfacer sus necesidades de financiamiento. Al 30 de junio de 2013, la deuda pendiente de pago de la Corporación era aproximadamente $1,091 millones.
“La solicitud de Modificación Calificada para la deuda de la CFP representaría el descargo de todas las obligaciones de dicha corporación pública a un descuento de aproximadamente 96%, (incluyendo los bonos de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda a emitirse, según se describe más adelante) del balance pendiente (incluyendo principal e intereses). Este ajuste es el resultado de negociaciones extensas y la disposición de llegar a un acuerdo consensual entre todas las partes”, comentó Omar J. Marrero Díaz, director ejecutivo de la AAFAF.
“Estamos satisfechos con la transacción ya que los términos de la Modificación Calificada son cónsonos con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y la recuperación económica de la Isla. Esto representa un paso significativo en la restructuración de la antigua deuda del Gobierno de Puerto Rico y marca otro hito en el camino de regreso a los mercados de capital para Puerto Rico”, puntualizó.
De recibirse los votos necesarios y ser aprobada por el Tribunal de Distrito y luego implementada, la Modificación Calificada resultaría en el descargo de los Bonos Participantes a un descuento significativo. Específicamente, la nueva contraprestación económica que tendría que dar el Gobierno de Puerto Rico o la CFP para saldar los más de $1,500 millones (incluyendo principal e intereses adeudados) en Bonos Participantes sería mediante un pago único de $13.8 millones en efectivo. La otra contraprestación sería en la forma de bonos emitidos por la Autoridad para la Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento por un valor nominal de aproximadamente hasta $47 millones en los términos y condiciones establecidos en la Modificación Calificada.
De aprobarse la Modificación Calificada y la misma consumarse, ello resultaría en el descargo de toda reclamación contra las agencias y corporaciones públicas que emitieron los Pagarés. Esto resultaría en la eliminación de los Pagarés como pasivo en las hojas de balance de múltiples agencias de gobierno y corporaciones públicas.