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La negligencia e intervención partidista está insertada en los puestos clave de la agencia a cargo de la respuesta al COVID-19.

Por Omaya Sosa Pascual  | Centro de Periodismo Investigativo

A 10 días de que el Gobierno de Puerto Rico comenzara a tomarse con seriedad el coronavirus, los puertorriqueños estamos en medio de la letal pandemia sin un Departamento de Salud. Sin un experto en salud pública a cargo de las decisiones en las cuales se nos va la vida a 3.2 millones de personas que vivimos en esta isla.

Salud tampoco tiene datos, ni proyecciones que permitan una planificación y respuesta coherente, ni una persona a cargo de comunicaciones que tenga peritaje o experiencia en educación en salud pública, ni una campaña educativa a gran escala pese a los millones largos que gasta en publicidad en asuntos superfluos.

El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quien ya había manejado malamente las emergencias del huracán María y de los terremotos, “renunció” el viernes, 13 de marzo, día en que se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Puerto Rico tras perder la confianza de la gobernadora Wanda Vázquez. Al día siguiente, el Centro de Periodismo Investigativo publicó una investigación sobre millonarios contratos cuestionables en la agencia bajo su mandato y sobre el personal conectado al partido de gobierno, sin capacidad en salud pública, tomando decisiones fundamentales durante su incumbencia. Rodríguez Mercado se fue, esas personas, entre ellas su “chief of staff” y amiga de la esposa del exdirector de campaña de Ricardo Rosselló, Mabel Cabeza Rivera, y el director de comunicaciones Eric Perlloni, siguen allí.

Como si esto fuera poco, el task force nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez – que no sabemos quién dirige – se ha estado dejando llevar al pie de la letra por las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para decidir a quién se le hace la prueba del coronavirus. Unas guías, que son solo eso guías, no ley marcial, que están obsoletas según han probado los expertos en el tema a nivel mundial y las experiencias de los países que ya llevan casi dos meses lidiando con el virus. Estas guías del CDC todavía sujetan la recomendación de hacer la prueba a que la persona haya viajado a alguno de los 26 países en Asia y Europa vedados por el presidente Donald Trump, y a que la persona presente los tres síntomas más prevalentes (tos, fiebre, y fatiga). Como si esto no estuviese propagado ya por todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, como si no existieran vuelos desde Europa vía Bogotá o Panamá, y como si no existieran pacientes asintomáticos, lo cual ya se ha dicho a la saciedad.

No tiene sentido.

“Puerto Rico debe de apartarse del protocolo del CDC que está obsoleto. Estados Unidos es el peor país que está manejando esta situación. Debe de mirar hacia Corea del Sur, que ha sido exitoso en contener la propagación”, me dijo Cruz María Nazario, epidemióloga del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, con doctorado de la Universidad de John Hopkins.

Aunque el miércoles en la mañana el Departamento de Salud anunció que eliminaría el requisito de tener que cumplir con los criterios de viaje y síntomas del CDC, solo es en el caso de personas hospitalizadas con un referido de un médico para la prueba, y no para la ciudadanía en general.

En Puerto Rico, a nivel del Estado, se han atendido 627 llamadas y hecho 57 pruebas en estos 10 días, o sea, un promedio de menos de seis pruebas al día. En Corea del Sur se estaban haciendo alrededor de 15,000 pruebas al día, que salvando las distancias en cuanto al número de habitantes muestra la escala a la que se puede implementar una respuesta masiva.

El Departamento de Salud tiene capacidad de hacer 50 pruebas diarias, y podría aumentar dicha capacidad hasta 100. ¿Por qué solo se han estado haciendo seis al día en promedio?

El Municipio de San Juan, el más poblado, ha tomado el asunto en sus manos y comenzó a hacer sus pruebas este lunes contratando a un laboratorio privado. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz dijo al CPI que en las primeras 48 horas se habían atendido 38 llamadas, y de ellos se hicieron siete pruebas tras el cernimiento. Sostuvo que al momento tiene capacidad para hacer 25 pruebas al día, y que espera aumentar hasta llegar a entre 75 y 100 pruebas diarias en la tercera semana.

También indicó que hospitales privados le han solicitado pruebas para hacerlas directamente en sus instalaciones y que, en la medida en que tenga la capacidad, se las está entregando. Hasta el momento ha entregado tres al Manatí Medical Center, tres al Mayagüez Medical Center, y 50 al hospital Ashford en Condado, que atiende un alto volumen de turistas y que, según fuentes del CPI, tiene un acuerdo con compañías de barcos crucero para atender a su tripulación.

Estos pedidos del sector privado son indicativos de que hay necesidad, más allá de lo que dijeron los miembros del task force del Gobierno en la conferencia de prensa virtual efectuada este martes. En esa conferencia, la directora de bioseguridad, Jessica Cabrera, (a quién la han puesto en la difícil posición de asumir la responsabilidad pública por el operativo de respuesta a la pandemia, sin ser la persona con el standing para contestar buena parte de las preguntas) dijo que no estaban atrasados en las pruebas, que se habían hecho todas las que se han solicitado y que cualifican bajo los criterios del CDC.

Ahí está el detalle. ¿Quién tomó esa decisión de que no se pueden implantar en Puerto Rico criterios superiores a los el CDC? No sabemos. Suponemos que la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Asesorada por la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda? ¿Por la Dra. Antonia Novello de Coello, quien no ocupa un puesto oficial en el Gobierno de Puerto Rico? ¿Por la secretaria de Salud interina, la Dra. Concepción Quiñones de Longo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, hizo una declaración falsa sobre el tema. Dijo que Puerto Rico estaba obligado a seguir el protocolo del CDC para cualificar a las personas para la prueba. El protocolo no es una obligación, sino una guía, y hay estados y ciudades en Estados Unidos que han aplicado criterios distintos a los del Gobierno federal en aras de ser más agresivos en la batalla contra la enfermedad. Entre estos, el estado de Nueva York que abrió un drive thru para hacer las pruebas del COVID-19.

Mientras todo esto ocurre, lo que hay es tremenda desorganización en el Departamento de Salud, según informan fuentes internas, y el poco personal capacitado que queda en la agencia – como las siete epidemiólogas regionales que están trabajando sin parar – laboran bajo este yugo de decisiones incoherentes, en un barco sin capitán.

“Lo que hay allí es tremendo sal pa’ fuera”, aseguró una de las fuentes.

“No hay un Departamento de Salud en este momento”, sostuvo otra.

“Seguimos en la misma situación. Se siguen tomando decisiones inadecuadas. Se siguen tomando decisiones políticas”, sostuvo una tercera.

En el centro de todo están la política y la Dra. Deseda, quien no pudo identificar el brote de leptospirosis durante el huracán María y quién a la vez mantiene su práctica privada, según las fuentes, ha tenido hasta el momento el poder de determinar a quién se le hace la prueba y a quién no. Las fuentes internas consultadas indican que no está manejando bien la situación, y que debe de ser removida del puesto. La Gobernadora está al tanto. Por eso, y porque no le gusta hablar con los periodistas, es que no la vemos en las conferencias de prensa y por eso es que cada vez tiene menos apariciones públicas.

“Deseda ha estado obstaculizando el proceso, en vez de ser facilitadora de las pruebas para poder saber la magnitud de la enfermedad”, sostuvo el exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, consultado por el CPI sobre la forma en que la funcionaria ha manejado esta emergencia.

El estado de situación en Salud no es un asunto de opinión o fuentes, sino un hecho, como quedó evidenciado en la conferencia de prensa del Gobierno del martes en la tarde cuando el Centro de Periodismo Investigativo le preguntó al secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, ¿quién era el experto en salud pública en el Gobierno a cargo de la toma de decisiones en esta emergencia de salud pública?

No pudo responder claramente. Dijo que había “un equipo”, y mencionó a algunos miembros del task force.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhamon, lo ha repetido a la saciedad: la recomendación para todos los países es “hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas”. Y esto es importante también porque da a los profesionales de la epidemiología algo muy importante: datos para poder proyectar y planificar, según explicó al CPI la epidemióloga de la Ponce University of Health Sciences (PUHS), la Dra. Melissa Marzán.

Aunque Marzán aplaudió la medida del toque de queda decretado por la gobernadora Wanda Vázquez como la única forma de contener un pico en el contagio y evitar sobrecargar el sistema de salud, sostuvo que los dos grandes problemas en el manejo de la emergencia han sido la falta de datos y la ausencia de una comunicación efectiva a la población.

Ante la falta de datos, el grupo de epidemiólogos de la PUHS junto al Fideicomiso de Salud Pública, una división del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, decidió tomar el asunto en sus manos y diseñó un sistema de vigilancia sintomática. Esta herramienta, que monitorea signos y síntomas de la enfermedad a través de una encuesta, se utiliza en este tipo de casos en el que hay una enfermedad de rápida propagación y no hay pruebas disponibles, explicó Marzán. El grupo diseñó una encuesta cibernética anónima para que la gente reporte directamente síntomas del COVID-19 e información demográfica. Comenzó a circular el martes y tienen como meta publicar los resultados cada dos días en la página web covid19puertorico.com.

Aunque no es perfecto el método, porque hay otras enfermedades con algunos síntomas en común, si hay difusión amplia y colaboración de la ciudadanía, por primera vez dará una idea de cómo se está comportando el contagio en la isla porque reflejaría un aumento en la curva, sostuvo Marzán. Al momento, los profesionales de la salud en Puerto Rico no tienen forma alguna de hacer proyecciones responsables porque no hay datos disponibles, indicó.

Mientras escribo estas líneas, sigue el corre y corre en el Departamento de Salud y en La Fortaleza. ¿Quién puede asumir el liderazgo de la agencia en esta pandemia? ¿Cómo se lidiará con los anticipados problemas en suplidos críticos? ¿Cómo se prepararán instalaciones alternas para trasladar un alto volumen de contagiados? ¿Quién es la persona adecuada para manejar las comunicaciones en esta situación? Son algunas de las preguntas que debaten. Pero la primera, es a mi juicio la más crítica.

¿Quién será el capitán o capitana de este barco a la deriva?

La Dra. Coello de Novello, excirujana general de Estados Unidos, militar y excomisionada de salud de Nueva York, es una de las candidatas que más impulso interno tiene, pero tiene un problema grande en su expediente: en 2009 aceptó declararse culpable en un caso de corrupción.

La otra pregunta que queda es si la persona que finalmente sea seleccionada verdaderamente va a limpiar la casa en el Departamento de Salud.