Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Periodistas (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron al Tribunal que ordene a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacén gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.
La demanda incluye como demandados al secretario de Estado designado, Elmer Román, al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora Vázquez Garced.
El recurso legal explica que el 18 de enero pasado varios ciudadanos descubrieron en el área de La Guancha, en Ponce, un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María, hace más de dos años. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced ordenó al Secretario Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas, recuerda la petición. El NIE entregó el informe el 20 de enero, dentro del término ordenado.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha establecido que el acceso a la información pública es un derecho humano que emana de los derechos a la libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico”, señaló la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez Lugo.
“Con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”, añadió Suárez.
La demanda es un esfuerzo conjunto de la Asppro y el CPI, representadas por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
“La información solicitada por Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.
“El interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade.
La petición de mandamus indica que Suárez Lugo solicitó a los oficiales de prensa del Secretario Román y del Comisionado López copia del informe al día siguiente de ser entregado a la Gobernadora, pero Román, López ni sus oficiales de prensa respondieron la solicitud.
El 2 de febrero, el CPI también solicitó copia del informe sobre el almacén de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la Gobernadora, del Secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.
Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la Gobernadora, contestó que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
“Al día de hoy, ninguna de las partes promovidas ha hecho entrega del informe solicitado”, indica la demanda. “Los documentos, materiales e información solicitados por la Asppro y el CPI son originados, conservados y/o recibidos por la Gobernadora, el Departamento de Estado y el NIE. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso y obtener una copia si así lo solicita”, añade el mandamus.
