Por redacción de Sin Comillas

Los bonos de Obligación General emitidos en 2014 que se negociaban a 69 centavos por dólar a fines de enero se vendieron a 72.63 centavos el jueves. Otros bonos emitidos en 2012 con vencimiento en 2041 se negociaron a 76 centavos, por encima del rango de 72 centavos de la semana pasada. La subida de los bonos se debe a que los bonistas anticipan que, tras el pre-acuerdo, recuperarán una cantidad de deuda mayor de la prevista.

“Los Bonos de Obligación General (GOs) de Puerto Rico están en plena subida hoy tras alarmante preacuerdo de la Junta (de Control Fiscal) con Hedge Funds de Nueva York. Recordemos que estos bonos eran los que supuestamente la Junta quería impugnar por vulnerar los límites constitucionales”, comentó el economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos.

Ayer, The Wall Street Journal publicó que la Junta de Control Fiscal ha llegado a un acuerdo tentativo con los tenedores de bonos de Obligación General (GOs) para reestructurar una deuda que asciende a $18,000 millones. El acuerdo, que requiere la aprobación del tribunal, se anunciará la semana que viene.

Santamaría Ots explica que “inicialmente, la Junta ofrecía la posibilidad de acuerdo con los bonistas de GOs de 2014 con recortes del 65%, es decir, que su valor de recuperación iba a ser de 35 centavos por dólar si los bonistas pactaban. Después del preacuerdo de hoy ya cotizan a 70 centavos por dólar. Puerto Rico se dirige a pagos insostenibles de su deuda. Ya ocurrió con Cofina, parece que ocurrirá con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se confirma que está ocurriendo con los bonos del gobierno central. La ciudadanía pagará las consecuencias”, advirtió.

La Junta de Control Fiscal cuestionó la legalidad de más de $6,000 millones de bonos que se emitieron en 2012 y 2014 violando el límite constitucional de la deuda. Como resultado, a los tenedores de estos bonos se le asignó una quita mayor en el plan de reestructuración que se sometió en septiembre al tribunal.

El acuerdo inicial permitiría a los bonistas recuperar una cantidad mayor de la prevista y eliminaría la necesidad de litigar la validez de esa deuda, señalan las fuentes.