Por redacción de Sin Comillas
El 13 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó una petición de revisión de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que establecía que los gobiernos municipales pueden, pero no están obligados, a pagar el servicio de la deuda de ciertos bonos de Puerto Rico durante el proceso de reestructuración de la deuda. La decisión del Supremo afectará a todo Estados Unidos, ya que otros gobiernos en quiebra pueden seguir el ejemplo de Puerto Rico, y optar por no pagar el servicio de la deuda durante el proceso de reestructuración, opina Moody’s Investors Service en un informe publicado ayer.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos tenía que ver con los ingresos por concepto de peajes de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), y que establecía que los tenedores de bonos de la ACT no mantienen derechos de retención estatutarios sobre los ingresos de los peajes de la ACT.
Moody’s señala que la decisión del Tribunal Supremo de no intervenir tiene implicaciones crediticias negativas no solo para los tenedores de bonos de la ACT, sino también para los inversionistas de varias categorías de deuda municipal.
En el caso de Assured Guaranty Corp. y otras aseguradoras de emisiones de bonos la decisión del Tribunal de no ocuparse del caso es “decepcionante”, pero tiene implicaciones crediticias limitadas dada su cartera bien diversificada, opina Moody’s.
