Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) advirtió de las serias consecuencias que tendrá el que se imponga un cargo a los ciudadanos que instalen un sistema de energía solar en sus hogares y negocios. Dicho cargo es parte del Acuerdo de Reestructuración (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contraído con los bonistas y que fue presentado a la jueza Laura Taylor Swain el pasado mes de mayo para su aprobación.
El acuerdo dispone que a los consumidores que instalen sistemas de energía solar a partir de octubre de 2020 se les impondrá un cargo aplicado a su producción de energía. Es por eso que SESA radicará mañana ante el Tribunal Federal de Quiebras un recurso de “Amicus Curiae” con el fin de advertir sobre el impacto adverso que tendrá para la ciudadanía y para la economía de la isla, la imposición de un cargo a los consumidores.
“Es comprensible que los bonistas deseen recobrar lo que entienden se les debe debido; lo que es incomprensible es que el camino que escogieron es uno que fundamentalmente imposibilita ese objetivo al erosionar la misma base económica de abonados y consumidores que contribuyen a la red. Entendemos que el gobierno tiene un gran oportunidad de rechazar los cargos a los consumidores solares propuestos en el RSA para que así el Tribunal Federal los rechace. Esta postura sería consistente con las expresiones recientes del Gobierno en contra de cualquier aumento en la factura eléctrica”, expresó PJ Wilson, presidente de SESA, organización que representa a las empresas solares y de almacenamiento.
Según explicó el portavoz de SESA, este sería un cargo mensual basado en la producción de energia solar, lo cual está explícitamente prohibido por la Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019, de política pública energética, la ley bipartidista que puso a Puerto Rico en el mapa de la discusión energética mundial.
“Puerto Rico necesita más energía solar y baterías para ayudar a construir su resiliencia y promover su desarrollo económico”, dijo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de Sunrun. “Es hora de implementar nuestra innovadora legislación bipartidista para alcanzar un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Rechazamos todo intento para obstaculizar nuestros esfuerzos con impuestos solares innecesarios y discriminatorios”.
“Este es un tema determinante para el futuro energético de Puerto Rico, por lo que estamos haciendo un llamado al Tribunal Federal y al gobierno de Puerto Rico para que detengan la efectividad de este acuerdo. Entendemos que hay que identificar opciones para el pago de la deuda contraída por la AEE, pero no puede ser a expensas de un retroceso en los avances que se han realizado en la isla para promover el cambio hacia la energía renovable y de penalizar al consumidor que determina moverse a la energía solar para lograr ahorros, mejorar eficiencia y proteger el ambiente”, destacó Wilson.
