El Plan de Ajuste retiraría a Puerto Rico de la quiebra; reduce la deuda a niveles sostenibles, incluye acuerdos con ciertos bonistas, retirados y uniones

Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal presentó el viernes su Plan de Ajuste propuesto para reestructurar $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados; y más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones.

El Plan, según la Junta, provee un marco para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles sostenibles y proporciona un camino para salir de la quiebra. Además, reduce las obligaciones totales de $35,000 millones del territorio —bonos y otras reclamaciones— en más del 60%, a $12,000 millones. Combinado con la reestructuración de la deuda de COFINA a principios de este año, el Plan reduce el servicio de la deuda anual a poco menos del 9% de los ingresos del gobierno, comparado con casi 30% antes de PROMESA.

La Junta había alcanzado acuerdos con el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), la Coalición de Deuda Constitucional Legal (CDCL) y el Grupo de Tenedores de Notas QTCB (QTCB) que representan a ciertos tenedores de bonos de obligación general, y los Servidores Públicos Unidos del Consejo 95 de Puerto Rico (SPU)/AFSCME, que se han unido para comprender la situación financiera en la isla y apoyar el Plan como un compromiso para lograr la estabilidad para Puerto Rico.

“Hoy hemos tomado un gran paso para dejar atrás la quiebra y empezar a visualizar el futuro de Puerto Rico bajo condiciones de estabilidad fiscal y sostenibilidad económica”, dijo José Carrión, presidente de la Junta. “Tres años después de que el Congreso aprobara PROMESA y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, después de más de una década de declive económico y desorden fiscal, y de que miles de puertorriqueños abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión”.

“El Plan de Ajuste que propusimos inicia nuestro camino para salir de la quiebra. Todavía no estamos ahí. Necesitamos la aprobación del tribunal, y tomará un tiempo llegar. Un plan que tiene el apoyo de ciertos bonistas, retirados y empleados públicos es el mejor plan para eliminar la nube que ha estado colgando sobre la economía de Puerto Rico”, dijo Carrión.

Además, la Junta publicó un análisis de los sistemas de pensiones del Gobierno de Puerto Rico, como lo requiere la Sección 211 de PROMESA. El informe de Ernst & Young evalúa el impacto fiscal y económico de los flujos de caja de pensiones, incluidas las obligaciones de pensiones y la estrategia de financiamiento, las fuentes de financiamiento, los beneficios existentes y su sostenibilidad, y la estructura legal, así como los arreglos operativos del sistema.

El Plan de Ajuste radicado ofrece reducciones significativas a los bonistas, proveyendo, en promedio, una merma combinada de más del 60% del total de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico. El Plan fortalece las pensiones estableciendo un fideicomiso independiente de reserva de pensiones para garantizar que los beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente de la situación económica o política. Incluye una reducción de pensión del 8.5% para los retirados que devengan más de $1,200 al mes, por lo que el 60% de los jubilados no enfrentarían ningún recorte.

La Junta defiende que este Plan, combinado con la reestructuración completa de la deuda de COFINA, reduce el total máximo anual del servicio de la deuda -respaldada por impuestos netos del gobierno- de $4,200 millones a $1,500 millones. El servicio de la deuda combinado de las acreencias del gobierno y COFINA se reduce de $82,000 millones a $44,000 millones durante un período de 30 años, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo.

Los bonistas individuales locales tienen la oportunidad de recibir bonos tributables con pagos mensuales de interés.

“Reestructurar la deuda y poner a Puerto Rico sobre una base fiscal sólida son los mandatos centrales de la Junta de Supervisión bajo PROMESA”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión. “El Plan de Ajuste que radicamos y el apoyo que negociamos con los retirados, uniones y ciertos bonistas es un primer paso importante para restaurar la solvencia y crear el tipo de certeza que las empresas necesitan para invertir y el tipo de estabilidad que la gente de Puerto Rico necesita para lograr prosperidad”.

“El Plan de Ajuste, junto con la disciplina fiscal que manda PROMESA y las reformas estructurales significativas descritas en el Plan Fiscal que mejorarán la calidad de vida y la competitividad de Puerto Rico nos permitirán trabajar hacia el crecimiento estable y sustentable”, dijo Jaresko.

El Plan reestructura los bonos de obligación general (OG); las reclamaciones de reembolso contra el territorio; los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP); los bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE); las reclamaciones generales no garantizadas contra el territorio, la AEP y el SRE; y las obligaciones de pensiones del territorio. Incluye los siguientes términos específicos de recobro:

• Una reducción del 36% para los tenedores de bonos OG emitidos antes de 2012
• Una reducción del 28% para los tenedores de bonos de la AEP emitidos antes de 2012
• Una reducción del 87% para los tenedores de bonos del SER

El Plan también ofrece una opción para los tenedores de bonos emitidos después del 2011, cuya deuda ha sido impugnada como inconstitucional, como resultado de la revisión independiente de la deuda de Puerto Rico por Kobre & Kim y otros profesionales.

La oferta de acuerdo incluye los siguientes términos para la liquidación de los bonistas:

• Una reducción del 55% al 65% para los tenedores de bonos OG y reclamaciones garantizadas contra el Gobierno de Puerto Rico impugnados
• Una reducción del 42% para los tenedores de bonos de la AEP impugnados

El Plan se construye sobre el Acuerdo de Apoyo al Plan anunciado en junio y negociado con titulares de aproximadamente $3,000 millones en reclamaciones. A partir de la fecha de radicación, el Plan incluye el apoyo de titulares de aproximadamente $4,000 millones en reclamaciones, que representan el 54% de las reclamaciones de bonos de la AEP emitidos antes de 2012 y el 22% de todas las reclamaciones de OG y AEP, lo que hace que el Acuerdo sea efectivo.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico defendieron el acuerdo que consideran es un paso importante para los pensionados del gobierno, quienes componen la clase de acreedores más grande dentro de la quiebra del gobierno.

El acuerdo, señalan, mejora sustancialmente el trato propuesto para los beneficios de retiro de los 167,000 pensionados, comparado con lo propuesto por la Junta en el Plan Fiscal certificado el 9 de mayo de 2019. Entre los puntos más sobresalientes del acuerdo están:

  • Protege a todos los pensionados actuales de recortes severos, incluyendo protección total de recorte alguno para el 61.2% de los pensionados actuales (102,000 individuos) y 73.9% de los pensionados actuales y empleados activos
  • Aumenta el umbral de no recortes de $600 a $1,200 en beneficios mensuales para que ningún pensionado por debajo del umbral experimente reducciones en sus beneficios de pensión
  • Reduce de manera significativa el recorte máximo de aproximadamente 25% -originalmente propuesto por la JSF- a 8.5%, para aquellos pensionados que experimentarán reducciones
  • Crea un fondo de reserva significativo para aportar al pago de pensiones futuras que será administrado por profesionales independientes del gobierno
  • Excluye el Seguro Social de la fórmula para calcular los recortes
  • Preserva la aportación mensual al plan médico
  • Establece un mecanismo de restauración de beneficios, si el desempeño fiscal del gobierno excede las proyecciones

“El acuerdo entre el COR y la JSF es producto de dos años de labor y negociaciones intensas para proteger al mayor número posible de pensionados de los recortes que había propuesto la Junta, mejorar el términos para a los retirados que serán impactados y proveerle certeza a las pensiones ahora y a largo plazo. Nuestro trabajo estuvo basado en un análisis profundo de la realidad de los pensionados, la situación fiscal de Puerto Rico, y las posibilidades reales dentro de un proceso de quiebra”, dijo Miguel Fabre Ramírez, presidente del COR.

El COR es el comité oficial nombrado por el Síndico de Estados Unidos para representar y defender las pensiones de los retirados del Sistema de Retiro Central, Sistema de Retiro de Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura.