Por José J. Villamil
Es evidente que Puerto Rico está desempeñando un papel muy triste por la histórica incapacidad de su clase política. Luego de un proceso penoso, se cumplió con la Constitución y tenemos como Gobernadora a la persona que le corresponde serlo. Hay presiones por parte del presidente del Senado para que abandone el cargo a favor de la Comisionada Residente, de cuyas cualificaciones nadie debe dudar. No obstante los méritos de la Comisionada, además de violentar la Constitución, que él mismo defendió en el pleito que entabló hace pocos días, lo que propone el presidente del Senado serviría para ratificar la captura del estado por los partidos y debilitar marcadamente la democracia y la institucionalidad del país. Por eso es absolutamente necesario evitar que eso ocurra.
Concebir al estado como “botín” es probablemente la peor forma de corrupción, pues necesariamente conlleva tres consecuencias: la negación de la institucionalidad, la mala utilización de los recursos y la falta de continuidad en los procesos de gobierno. Para el desarrollo económico de un país, el estado de derecho es esencial como lo son las instituciones que lo protegen. La afiliación política y el amiguismo, que en el entorno político actual determinan decisiones sobre el manejo de lo público, no es la mejor manera de gobernar pues conlleva un mal uso de los recursos del estado. Ninguno de los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico está exento de culpa en cuanto a esto.
En septiembre de 2016, en un discurso en la celebración del 50 aniversario de haber sido designada la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico como una corte bajo el Título III de la Constitución de los EE.UU., dije lo siguiente: “… if the judicial system is seen as booty by political parties and the appointees to judicial positions as being rewarded for party loyalty, the independence of the courts will suffer.” Si las otras dos ramas del gobierno también son tratadas de esta manera, no solamente se condena al sistema de gobierno a la ineficiencia y la falta de efectividad, sino que se trastoca el significado de lo que debe ser un gobierno democrático o incluyente, en que el bienestar de la ciudadanía y salvaguardar la democracia son los principios que deben regir el sistema politico y el manejo de las instituciones del estado.
No podemos permitir que se consolide el comportamiento político que nos ha llevado a donde estamos. Nada más ver lo ocurrido por el favoritismo político y el amiguismo en los contratos otorgados en los últimos años en el Ejecutivo y en la Legislatura para alertarnos del inmenso peligro de permitir que los partidos se adueñen de los procesos de gobierno y, en este momento, de la Gobernación. No se trata de defender a la Lcda. Wanda Vázquez, es defender la Constitución y el principio de una sana democracia.
- El autor es presidente de la Junta de Directores de la firma Estudios Técnicos, Inc.
