Por redacción de Sin Comillas

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) reclamaron que las gerencias de los medios noticiosos mencionados en el chat de Telegram, que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, le aclaren al país la participación que tuvieron en los intentos de manipulación de la opinión pública.

Las empresas responsables de las publicaciones y programas mencionados en el escandaloso chat son: Publi-Inversiones (que publica el periódico El Vocero), Univisión y Spanish Broadcasting System (SBS).

OPC y Asppro aclararon que los periodistas por lo general no controlan ni son responsables por las líneas editoriales de los medios de comunicación donde trabajan. “Debe quedar claro a los ojos del país, que los periodistas que en su trabajo por producir noticias justas corren riesgos personales y enfrentan hostilidades del gobierno, en la calle y a veces hasta de las propias empresas para las que trabajan, no son responsables de decisiones tomadas por la alta gerencia”.

“Vivimos momentos en que el pueblo exige una rendición de cuentas, no solo del poder político, sino de la estructuras gubernamentales y sectores como nuestro gremio, que incidimos también en la opinión pública. En el desempeño normal de nuestro trabajo, nos relacionamos con el poder político, pero al develarse un esquema concertado de funcionarios utilizando y abusando de los poderes gubernamentales, tenemos que reconocer que la presente coyuntura histórica exige la mayor transparencia posible de todos los que nos dedicamos al periodismo, incluyendo las empresas y productores de productos noticiosos. A mayor transparencia, el pueblo tendrá mayores elementos de juicio y conservará la confianza en nuestra labor”, señala el comunicado.

La Asppro desea puntualizar, que a raíz de las primeras noticias sobre el chat en el cual funcionarios aludían a periodistas y medios, el 17 de julio pasado, declaró “inaceptable los intentos de manipulación del poder político al trabajo periodístico responsable, así como de las presiones indebidas contra periodistas que ejercen su profesión con seriedad y ética”, y como tal debemos estar abiertos a la crítica constructiva.

En ese mismo contexto, el OPC condenó las expresiones derogatorias dirigidas a los periodistas por algunos de los participantes del chat. El OPC reclamó además la divulgación inmediata de otros chats similares en los que, según informes de prensa, se mencionan periodistas o se discuten posibles acciones contra estos.

Denuncian influencias del gobierno en El Nuevo Día

Por otro lado, las asociaciones de periodistas, atendiendo denuncias de la periodista Cynthia López Cabán, le reclamaron a la gerencia de El Nuevo Día que ofrezca explicaciones públicas más abarcadoras sobre la alegada influencia de personas relacionadas a la actual administración de gobierno en la línea editorial del periódico durante los primeros meses de este cuatrienio.

López Cabán, quien ahora trabaja para el grupo editorial del periódico El Vocero a través del Weekely Journal, denunció un patrón de interferencia en la línea editorial de El Nuevo Día, periódico para el cual laboró hasta 2017. Dicha interferencia habría sido encabezada desde principios de ese año por Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda, tres de los participantes del chat antes mencionado. Sánchez fungía entonces como portavoz del gobierno ante la Junta de Control Fiscal. Bermúdez ya asesoraba a La Fortaleza a través de su empresa Ojo Creativo, mientras Miranda era el principal publicista de la administración mediante contrato de su empresa KOI con varias agencias públicas.

La gerencia de El Nuevo Día, por voz de su editora María Luisa Ferré Rangel, rechazó las alegaciones de López Cabán asegurando que el periódico “ha fiscalizado de manera constante a este gobierno” y ha investigado y denunciado a Sánchez en múltiples ocasiones. La exsubdirectora del diario Farasch López Reyloz, por su parte, circunscribió al ámbito profesional su relación con las tres personas señaladas.

Las juntas de ambas organizaciones aclararon que Gerardo Alvarado, de la Junta del OPC, Sara Del Valle y David Cordero, de la junta de la Asppro, quienes fungen como reporteros El Nuevo Día, se inhibieron del proceso de redacción del comunicado conjunto.

Tras la publicación del comunicado, el director general de GFR Media, Jorge Cabezas, se comunicó con los presidentes de ambas organizaciones para cuestionar la solicitud de explicaciones a El Nuevo Día sobre alegaciones de López Cabán. Las asociaciones reiteran que “la reacción del periódico hasta ahora no atiende de forma abarcadora las imputaciones sobre intervenciones de elementos políticos en la línea editorial como, según se alega, plantearon López Cabán y otros periodistas en una reunión con representantes de la gerencia hace tiempo”. 

“La realidad es que las alegaciones sobre El Nuevo Día y otros medios arroja sombra sobre todos los periodistas, no solo algunos, porque muchos sectores del público tienden a juzgarnos como grupo, sin hacer distinciones. Existe mucha hostilidad hacia “la prensa” y periodistas en las redes sociales, con odio destilado por un extremo estadista herido por el escándalo y por otra parte, las manifestaciones de frustración e indignación con todo lo que ha trascendido de parte de otros sectores”, señalaron OPC y Asppro.