Christina Sobrino (Foto: Sin Comillas)
Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno no dará su apoyo al acuerdo alcanzado por la Junta de Control Fiscal y ciertos bonistas para reestructurar la deuda porque incluye reducciones a los beneficios de los pensionados, algo que consideran “inaceptable”.
“Como hemos dicho respecto a otros ‘acuerdos’ anunciados recientemente entre la Junta de Supervisión Fiscal y algunas partes interesadas, el Gobierno de Puerto Rico no puede apoyar y no va a apoyar ninguna transacción que promueva un Plan de Ajuste que perjudique a la población más vulnerable de Puerto Rico. Por tal razón, el Gobierno de Puerto Rico no accedió a ser parte de y no apoya este Plan de Ajuste”, señaló Christian Sobrino Vega, presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Según Sobrino, “ni una sola palabra” del Plan de Ajuste es aceptable y, por lo tanto, “no se promoverá ninguna legislación, acción ejecutiva, ni ninguna otra aprobación administrativa requerida del Gobierno de Puerto Rico para implementar un acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que recorte los pagos a nuestros pensionados. Más aún, cualquier compensación financiera incluida en el Plan de Ajuste que procura incentivar apoyo o suscripción al plan no debe presumirse que estará disponible ahora o en el futuro dado que el Gobierno de Puerto Rico no ha provisto su consentimiento a la misma”.
“La Junta de Supervisión, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que sin la participación del Gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable. Más aún, todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el Gobierno de Puerto Rico consienta”, explicó Sobrino.
“El Gobierno se mantiene esperanzado en que la Junta de Supervisión reconsidere el principio subyacente del plan y prosiga con un plan que no perjudique a los pensionados del Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas e instrumentalidades y municipios. El Gobierno se mantiene comprometido a trabajar con todas las partes interesadas en la búsqueda de un plan con estas particularidades”.
