Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Constructores (ACPR) y la Asociación de Industriales rechazaron las acciones del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal al radicar más de 200 demandas a corporaciones e individuos en cobro de dinero con el propósito de recobrar pagos realizados por el gobierno.
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Control Fiscal demandó a corporaciones e individuos que recibieron pagos superiores a $2.5 millones sin un contrato vigente o recibieron pagos que no correspondían a sus respectivos contratos durante un periodo de cuatro años previos a mayo de 2017.
“La acción de la Junta de Supervisión Fiscal de demandar la devolución de pagos efectuados a suplidores de bienes y servicios del gobierno de Puerto Rico por servicios que fueron prestados hace daño a la certidumbre de nuestro clima de negocios y al país. Estaremos evaluando la situación y pendientes de las reclamaciones que se hagan a nuestros socios y a la comunidad de negocios en general”, expresó Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales.
“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos el derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios y mantener un clima de negocios favorable donde impere la certidumbre de los contratos con el gobierno”, añadió.
Por su parte, Emilio Colón Zavala presidente de la ACPR, comentó que “la Junta debe haber hecho un mejor trabajo en ser certeros, discernir responsabilidades, y no incurrir en una pesca de cobros detrás de organizaciones además de corporaciones que le han prestado un servicio al gobierno”, indicó
“Hay que reconocer que no es solo lo que están haciendo, sino la forma y manera de cómo lo están haciendo. Si de naturaleza resulta oneroso para un suplidor contratar con el aparato gubernamental, las acciones de la Junta incrementan el clima de incertidumbre en las relaciones contractuales entre estos empresarios y el gobierno. Puerto Rico no necesita inyección adicional de incertidumbre alguna en estos tiempos. Por otra parte, preocupa que te asignen responsabilidades sobre la fuente de procedencia de pago cuando le corresponde al gobierno identificar dicha procedencia en cada contrato”, dijo Colón Zavala.
