La primera es de Fernando Gil Enseñat, secretario de la Vivienda. (Foto: Cristina Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

Sin divulgar los criterios utilizados para la selección ni tomar en cuenta la participación ciudadana en el proceso, el Departamento de la Vivienda (DV) otorgó el principal contrato con fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) tras los huracanes Irma y María a Foundation for Puerto Rico, organización que no presentó ninguna propuesta que demostrara su interés o pericia en manejar un programa de planificación comunitaria.

Según confirmó la presidenta y CEO de Foundation for Puerto Rico (FPR), Annie Mayol, la entidad tampoco pasó por un proceso competitivo para administrar los $37.5 millones en fondos federales de CDBG-DR para el desarrollo del Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria. Del contrato firmado entre FPR y Vivienda, se desprende que más de $6 millones son para gastos operacionales, contratación de personal, consultoría, la creación de una página web y herramientas tecnológicas para el manejo de información y estadísticas. Recientemente, Vivienda sometió una enmienda para aumentar a $55 millones la cuantía asignada a FPR.

Los activos netos de FPR para el 2017 eran de $8,874,383, según el informe anual presentado en el Departamento de Estado.

El Programa de Planificación busca que las comunidades creen sus planes de resiliencia para estar preparados en caso de peligros futuros. Al igual que otras 30 organizaciones no gubernamentales, Foundation for Puerto Rico emitió una ponencia cuando el DV comenzó a trabajar en el borrador del Plan de Acción para este programa.

Unos meses más tarde, el DV contactó a FPR para que formaran parte del programa, aseguró Mayol en entrevista con el CPI.

FPR fue fundada en el 2011 por Jon Borschow, donante político del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, quien también fue nombrado en 2017 por el gobernador Ricardo Rosselló como presidente de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO), organización que también recibirá $25 millones en fondos CDBG-DR. Según la página de Internet de FPR, la organización promueve oportunidades para el desarrollo económico y social en Puerto Rico, principalmente enfocada en promover la “economía de los visitantes” y transformar a Puerto Rico en un destino para el mundo. FPR no se especializa en temas de planificación ni comunitarios.

“Cuando a nosotros se nos hizo el acercamiento (por parte del DV), nos aseguramos que fuera un proceso colaborativo, donde en el programa hubiera otras organizaciones con nosotros”, sostuvo Mayol, quien destacó que FPR tiene experiencia en el tema de finanzas, pero reconoció que tendrán que “traer a la mesa” personal técnico y especializado, como son planificadores, que los ayuden en el programa.

Sin embargo, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, aseguró que escogieron a FPR porque, durante el proceso de vistas públicas para la creación del Plan de Acción, “propusieron siempre soluciones, más que muchas de las fundaciones, que lo que querían no lo veían a nivel global”. “Viendo también la trayectoria; que ellos pudieron ejecutar programas de forma rápida (después de María)…”, agregó, sin dar ejemplos.

Annie Mayol, presidenta y CEO de Foundation for Puerto Rico. (Footo: Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

El funcionario resaltó el trabajo de FPR en un programa que implementó la organización luego de María, del cual no pudo decir el nombre ni la cantidad de personas beneficiadas. Solo dijo que que brindaban “cash” a las personas para desarrollo económico. También justificó la contratación de FPR indicando que la organización es “financial sponsor” de otras entidades sin fines de lucro, a quienes les brinda ayuda en la búsqueda de fondos y en el manejo de fondos federales. El CPI constató que FPR es auspiciador fiscal de la entidad Invest Puerto Rico, organización que tiene como misión dar a conocer a Puerto Rico como un destino para invertir y hacer negocios.

“No tan solo por el trabajo que habían hecho, la disponibilidad que tenían de hacerlo y a la misma vez aliarse o también redistribuir adentro, dentro de su andamiaje de compliance que tienen (que es lo más que nos gusta), a otras fundaciones que nos ayuden a integrar esas áreas y a atender esas áreas. Esto es un proceso bien complejo, los procesos de integración comunitaria…”, añadió el Secretario.

Gil Enseñat indicó que hubo fundaciones que “han querido solamente dejarnos saber cómo se supone, cómo ellos entienden que el programa se tiene que correr, sin tener conocimiento de fondos federales, sin tener conocimiento de lo que requieren los fondos como tal”.

Indicó que estas fundaciones mostraron el interés en participar, “pero no basado en conversaciones que hemos tenido con ellos, ni en lo que nosotros requerimos, sino en lo que ellos quieren implementar”. Para el funcionario, esta situación “planta una bandera” de que exista la posibilidad de que no cumplan con los requerimientos del programa, trayendo consecuencias como la devolución de dinero al gobierno federal.

Gil Enseñat aseguró que el DV proveerá asistencia técnica y supervisará la labor de FPR durante el proceso.

FPR apareció de repente en el Plan de Acción

Aunque no hubo convocatoria, ni la FPR presentó propuesta, se le otorgó el contrato el 15 de enero de 2019.

Desde la primera ponencia que FPR presentó ante el DV, la organización, a través de su presidenta, abogó por el impulso al turismo por medio del uso de los fondos CDBG-DR, por lo que presentó parte de sus programas e iniciativas como alternativa y pidió que fueran incluidos en el Plan de Acción, entre ellos la “Economía del visitante” y el Bottom Up Destination Recovery Initiative. Luego, a través de un comentario por email al DV, Mayol recomendó la inclusión de las actividades de capacitación de la fuerza laboral relacionadas al turismo en el Plan de Acción.

Annie Mayol y Arnaldo Cruz, presidenta, y director de investigación y análisis de FPR, respectivamente. (Foto: Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Otra directiva del DMO y también de FPR, Graciela Eleta, abogó en su comentario al Plan de Acción enmendado por la asignación de “una suma de dinero considerable” para promocionar a Puerto Rico como destino para visitantes y celebración de convenciones. A pesar de que en su comentario Eleta hizo referencia al DMO y a sus iniciativas, se identificó como “representante” de FPR.

En un informe emitido al Congreso en septiembre de 2018, la Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos se mostró en desacuerdo con que HUD proveyera una dispensa a Puerto Rico para el uso de hasta $15 millones en fondos CDBG-DR para promocionar el turismo y atraer nuevos negocios. La Oficina del Inspector General opinó que “el dinero se utilizaría mejor en actividades que tengan un impacto directo en las comunidades afectadas”. Sin embargo, HUD otorgó la dispensa el pasado 19 de febrero sin que la OIG cambiara su opinión adversa. Según un comunicado de prensa de prensa de La Fortaleza, HUD aprobó $10 millones adicionales para mercadeo de turismo y negocios, para un total de $25 millones en fondos.

En los dos borradores iniciales del Plan de Acción – con fecha del 10 de mayo y el 14 de junio – que tiene el Departamento en su página de Internet para que los ciudadanos pudieran realizar sus comentarios, no aparecía FPR como administrador del programa. No fue hasta la publicación del Plan de Acción para el uso de los fondos CDBG-DR aprobado por el Departamento de Vivienda federal (HUD) el 29 de julio, que apareció FPR como administrador del programa junto al DV. Esto no permitió que los ciudadanos u organizaciones pudieran comentar sobre FPR y su rol en en la encomienda durante esa etapa del proceso. Según el expediente público, ninguna de las personas o entidades que se expresaron en comentarios al Plan de Acción lo hizo a favor de la contratación FPR, aparte de sus representantes. Más bien, esa contratación fue cuestionada.

La presidenta de FPR no pudo precisar por qué su organización no figuraba en las versiones iniciales del Plan de Acción, y solo se limitó a decir que, por lo regular, estos planes sufren cambios durante el proceso.

“Todas esas cosas dinámicamente cambian. Dentro de ese proceso de lo que fueron las entregas y lo que fueron los borradores, pues se dan estos intercambios, estas conversaciones”, mencionó Gil Enseñat al ser cuestionado sobre el porqué FPR no aparecía en los dos primeros borradores.

“Al final donde importa es cuando se aprueba. Pues ahí sí aparece”, dijo el funcionario, quien entiende que la gente “tuvo basta oportunidad de aprobar o de comentar” durante las vistas públicas y a través de la página web. “El hecho de que las personas puedan comentarlo o no… pueden comentarlo ahora, nunca se ha restricto… Todo el mundo puede comentar lo que quiera”, alegó, aunque ya cerró el periodo oficial de comentarios.

Tan pronto el nombre de FPR apareció tardíamente en el plan enmendado, ciudadanos comenzaron a hacer cuestionamientos sobre qué criterios tomó en consideración el gobierno para la selección, destacando la falta de expertise de la entidad para trabajar en asuntos de planificación en las comunidades.

Por ejemplo, Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, mencionó en un comentario al Plan de Acción el 21 de octubre de 2018 que en dicho documento no se especifica si FPR  tiene conocimiento “especializado en planificación, trabajo comunitario o si ha tenido experiencias previas que la validen como socio de este programa”.

“No estamos conformes con lo establecido en el plan (de acción) a los fines de que los criterios sobre cuáles serán esas comunidades se anunciará en el primer trimestre del 2019. La centralidad de este programa exige transparencia y especificidad desde el inicio, por lo que reclamamos que se publiquen los criterios de elegibilidad en el Plan de Acción”, sostuvo.

Mayol, por su parte, aseguró que aún no se han definido los criterios para seleccionar las comunidades que recibirán fondos porque se encuentran en proceso de planificación.

Ivis García Zambrana, profesora adjunta de la Universidad de Utah, también cuestionó, a través de un correo electrónico, el rol de FPR y la experiencia de la organización para cumplir con el propósito del programa, de ayudar a que las comunidades sean más resilientes. También cuestionó por qué le dieron el contrato a FPR cuando existían organizaciones que tienen experiencia en el desarrollo de planes estratégicos. Vivienda respondió a esta interrogante en la página web indicando que “la Fundación por Puerto Rico no es responsable de desarrollar planes estratégicos. Estos planes serán desarrollados por las comunidades”.

García Zambrana manifestó al CPI que el grupo Planners for Puerto Rico, el cual preside, está preocupado sobre cómo será el proceso para la obtención de los fondos por parte de las comunidades y cuál será la cantidad de dinero que obtendrá cada comunidad. Tampoco tienen claro cómo Vivienda estará evaluando el trabajo de FPR.

Mayol defendió la participación de FPR en el programa aludiendo a que desde el 2015 trabajan en proyectos en colaboración con otras organizaciones. Explicó que sirven como ente de desarrollo operacional y de ayuda a otras organizaciones, específicamente en el acceso a fondos a través de su estructura 501 (c)(3). Indicó, además, que luego del huracán María, FPR ayudó a que organizaciones pudieran conseguir $10 millones en fondos.

“Como organización tenemos y hemos tenido la estructura organizacional para poder manejar proyectos y fondos de gran envergadura, apoyados siempre en la colaboración con otras organizaciones. Nuestra visión no es implementarlo todo nosotros, es tener la estructura para poder gerenciar los procesos, y en eso sí hemos tenido mucha experiencia  través del Colaboratorio”, indicó Mayol.

Arnaldo Cruz, director de investigación y análisis de FPR, aseguró que desde antes del huracán, “la fundación se distinguía por el trabajo colaborativo y por ser la voz cantante en temas de desarrollo económico” a través de su programa de “Economía del Visitante”. Mencionó un programa donde a través de la investigación se identificaban proyectos y estrategias para adelantar política pública en temas de desarrollo económico.

Indicó además que tras el huracán, FPR creó un fondo de $4.22 millones mediante donaciones privadas para ayudar en la recuperación. Con ese fondo, la entidad pudo diseñar, desarrollar e implementar proyectos en toda la isla. También, sostuvo que FPR logró una subvención de $5.5 millones de U.S Economic Development Administration para expandir su programa Bottom of Destination Recovery por 12 municipios.

“Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se le da un grant de esa magnitud, de esa agencia Economic Development Administration, a un proyecto que no es de construcción”, sostuvo Cruz.

Aseguró que uno de los requisitos para aceptar trabajar el programa fue que el DV le permitiera a la fundación crear un grupo de trabajo, y que “las decisiones importantes de diseño tenían que hacerse en colaboración y con el apoyo del tercer sector”. La pasada semana, FPR anunció una alianza multisectorial con organizaciones que estarán trabajando en el programa: Fundación Comunitaria de Puerto Rico, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el Estuario de la Bahía de San Juan y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación.

Federico Del Monte Garrido, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, dijo que desde antes de la firma del contrato, FPR le realizó un acercamiento a su entidad para que colaboraran en los esfuerzos de la recuperación de Puerto Rico. Sin embargo, no fue hasta recientemente que FPR se comunicó nuevamente con la organización para pedirles que fueran parte de las entidades que estarán ofreciendo consultoría sobre el tema de planificación, explicó. Las tareas concretas aún no las han definido, ni han establecido concretamente si estarán cobrando por sus servicios y cuánto, añadió.

Según dijo Del Monte Garrido, su organización le expresó a FPR la necesidad de definir cuál es el modelo sustentable y de resiliencia que quieren impulsar en las comunidades.

Tanto Cruz como Mayol sostuvieron que la organización se encuentra en proceso de diseño del programa.

En contraste, el Secretario de la Vivienda aseguró que el diseño del programa ya está listo, y que antes de que el HUD autorizara el desembolso de $1,500 millones, de los $37.5 millones prometidos para el Programa de Resiliencia, ya se habían trabajado las guías de implementación y los planes de colaboración del programa. “Ellos se encuentran más, en el diseño no, porque eso está diseñado, sino de la implementación del mismo y la fase que va a comprender el hacer el programa. Entiéndase una fase de lo que es el insumo de lo que son las comunidades. Foundation está fungiendo como si fuera un proyect manager, no es lo que ellos quieran y digan como tal”, indicó Gil Enseñat.

El plan de acción enmendado incluye un aumento propuesto por Vivienda de $17.5 millones en fondos para la organización. De aprobarse, los fondos para el Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria aumentarían de $37.5 millones a $55 millones. Mayol aseguró que este otro dinero estaría destinado a las comunidades en la segunda fase del programa, que conlleva la elaboración de los planes de resiliencia. Gil Enseñat, por su parte, sostuvo que se supone que en la última semana de febrero se apruebe el plan con la enmienda, el cual añade más dinero a los programas e incluye nueve otros programas de infraestructura, vivienda y agricultura.

El acuerdo

El DV y FPR  firmaron un contrato por un periodo de 36 meses que consta de dos fases. En la primera, FPR trabajará en la recopilación de información de las comunidades que será publicada en una página de Internet. En la segunda fase, FPR publicará la Notificación de Disponibilidad de Fondos, que es cuando se anuncie que están disponibles hasta $500 mil para que las comunidades contraten expertos que los apoyen en la elaboración de sus planes, explicó Mayol. Esto debe ocurrir en el cuarto trimestre de 2019, según el Plan de Acción. La enmienda a este plan propone que la Notificación se haga el primer trimestre de este año. También elimina que cada municipio sea elegible para recibir un reembolso de hasta $20 mil durante la primera fase del programa. De aprobarse la enmienda, los municipios podrían recibir un reembolso, pero no se establece la cuantía.

Según el Secretario de la Vivienda “todo” el dinero del programa tiene que ir a las comunidades. Sin embargo, luego dijo que “directamente” a las comunidades irá un 88%, puesto que el restante será utilizado en gastos administrativos. No obstante, al revisar el contrato, $30,600,00 millones es la cantidad que irá a las comunidades para el desarrollo de sus planes de resiliencia, lo que significa un 82% de los fondos del programa. Los restantes $6,900,000 serán utilizados para la contratación de empleados y la nómina de FPR, el pago de personal técnico o consultores, gastos de viaje, equipo y gastos operacionales.

Para la creación y diseño del portal y de una aplicación se presupuestó una cantidad de $600,000, según el contrato. Cruz justificó la cantidad presupuestada para las herramientas tecnológicas que se estarán utilizando para el manejo de información y estadísticas. “Te puedo decir que $600,000 mil para un proyecto de esta envergadura es muy poco”, dijo.

La organización Ayuda Legal denunció que el acuerdo firmado entre Vivienda y FPR falla en detallar las responsabilidades concretas sobre la participación de las comunidades, que garanticen la igualdad de condiciones, establezcan los mecanismos de toma de decisiones y el diseño de criterios de elegibilidad. La organización advirtió además que al acuerdo le faltan alternativas para adelantar fondos a las comunidades, ya que las mismas no podrían participar de la propuesta mediante reembolsos, que es la única opción actualmente. De acuerdo a la organización, el contrato debió establecer criterios de elegibilidad y participación mínimos para las comunidades y municipios.